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Miembros de la Judicatura exponen incapacidades de las anteriores administraciones

Quito, 15 ago (La Calle).- Miembros del Consejo de la Judicatura (CJ) informaron sobre retrasos injustificados en procesos judiciales y pagos de indemnizaciones de casi USD 10 millones en anteriores administraciones.

En la Comisión de Fiscalización fue desarrollado el descargo de pruebas por parte del vocal Juan José Morillo, el presidente del CJ, Fausto Murillo, la vocal Maribel Barreno y la exconsejera María del Carmen Maldonado, debido a la solicitud de juicio político que enfrentan por incumplimiento de funciones.

En la diligencia el presidente del CJ sostuvo que el pedido de juicio político es tan solo un pretexto para tomarse la administración de la justicia.

«El juicio político es un pretexto, lo que en realidad quieren es volverse a tomar la administración de justicia. Eso es lo que quieren. Con o sin evaluación, igual hubiéramos sido objeto en juicio político», dijo.

Además, recalcó que los jueces removidos salieron por incapacidad en sus cargos y no por no responder a los intereses del actual CJ. «Los jueces y conjueces que no pasaron la evaluación de 219 no tenían la capacidad para ejercer como jueces de casación», señaló.

Proceso de evaluación de los jueces en 2019

Por su parte, la vocal Barrero indicó que le proceso de evaluación fue desarrollado bajo un proceso metodológico que dio mayor importancia al criterio cualitativo.

«La evaluación a los jueces en 2019 no se trató de un proceso antojadizo, sino de un mandato del soberano, expresado a través del CPCCS-T (…)».

Así también, ratificó que los Comités de Expertos y Apoyo que fueron parte de la evaluación estuvieron conformados por profesionales del Derecho y académicos de primer nivel.

Retardos injustificados y pagos por indemnizaciones

En su comparecencia, el vocal Morillo informó sobre los retardos en los procesos judiciales provocados por jueces y contrajueces de la Corte Nacional de Justicia antes de la evaluación realizada en 2019.

«Esto demuestra cómo la administración de justicia era selectiva. Es decir, las sentencias que querían las sacaban y las que no, las dejaban (guardadas). Ese es el grado de justicia que teníamos y que encontramos en el proceso de evaluación, afectando directamente al usuario”, manifestó.

Asimismo, Morillo señaló que desde 2017, el CJ está pagando alrededor de USD 10 millones por sentencias y reparaciones a causa de destituciones a servidores judiciales en administraciones pasadas.

«Esto ha mermado el presupuesto del CJ», indicó. De esta manera, Morillo solicitó a la Comisión el rechazo al pedido de juicio político en su contra y el de sus compañeros.

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