Quito, 21 ene (La Calle). – Con base en un análisis de la problemática económica, social, sanitaria y el incremento de contagios de COVID-19, la CONAIE decidió postergar las medidas de hecho propuestas a nivel nacional. Sin embargo, ratificó la lucha y resistencia en contra de la política neoliberal y privatizadora del Gobierno de Guillermo Lasso.
La organización considera que estas políticas son en favor de los grandes grupos económicos del país, la acumulación y concentración de la riqueza, lo que ampliará la brecha de desigualdad en el Ecuador. Asimismo, manifestó que el Gobierno se ha cerrado a un diálogo real y a los seis temas propuestos en materia económica y de derechos.
A través de un comunicado, denunció que continúan los ataques, amenazas y mentiras en contra de la confederación y sus organizaciones. Además, rechazó el cerco mediático de los grandes medios de comunicación aliados al poder económico y político, que instauran como enemigo común e interno al movimiento indígena y a sus dirigentes.
En este escenario, la CONAIE mencionó que fortalecerá el trabajo en territorio para impulsar los temas y consolidar una plataforma de lucha nacional. También afirmó que activará el derecho a la resistencia apegado a las decisiones colectivas.
Resoluciones del Consejo Ampliado
Dentro de las resoluciones tomadas en el Consejo Ampliado, la CONAIE ratificó el compromiso de seguir consolidando un frente de lucha y resistencia, desde las clases populares y sectores sociales empobrecidos del campo y la ciudad.
También una agenda y plataforma de lucha nacional antiextractiva contra el avance de la frontera minera, petrolera, agroindustrial y el acaparamiento de agua.
Además, convocó a la gran unidad pragmática dentro del Parlamento plurinacional. Y exhortó a la Asamblea Nacional y al bloque legislativo de Pachakutik a sostener y defender la solicitud de amnistía para los y las luchadoras sociales, defensores de territorio, de la naturaleza y de los derechos humanos.
De igual forma, instó a la Corte Constitucional a resolver la inconstitucionalidad de los decretos extractivos, de las reformas tributarias y de la aplicación de convenios internacionales.
Por último, ratificó el derecho de autodeterminación de los pueblos y a ejercer sus propias formas de organización y autoridad comunitaria.
