Quito, 18 mar (La Calle). – La CONAIE pide a la Asamblea Nacional el archivo de la Ley de Inversiones, pues esta normativa solicitada por el FMI, no generará empleo, crecimiento económico o recaudación fiscal. Al contrario, dicen, parece que el Gobierno Nacional confunde inversiones con privatizaciones y extractivismo.
Asimismo, sostienen que el Gobierno de Lasso pretende aprobar este proyecto de Ley sin debate legislativo, dando otro golpe a la democracia. Acusan, además a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, de demorar el tratamiento legislativo e incrementar el riesgo de que el proyecto entre en vigencia por el ministerio de la Ley. Recuerdan que fueron dos semanas sin sesionar, por decisión de Llori.
La Ley de Inversiones
La CONAIE explica que el artículo 70 del proyecto de Ley permite pactar arbitraje a las empresas extractivistas y transnacionales, con el objetivo de asegurar el arbitraje internacional en foros como el CIADI. «Con esto, el proyecto de Ley es también un proyecto de impunidad frente a los delitos ambientales, sociales, culturales y fiscales de las transnacionales», subraya.
Dice que objetivo principal de la propuesta del Ejecutivo es permitir la privatización de los bienes y servicios públicos. Sin embargo, no se ha presentado ni una sola evaluación de cómo afectaría el incremento de los costos de los servicios para los ciudadanos o cómo impactaría en el sistema fiscal del país.
Asimismo, señala los artículos 7, 21, 28, 64, que establecen una lista sin límites de los sectores, servicios y bienes que pueden ser delegados, incluyendo: salud, educación, cárceles, electricidad, agua, registro civil, empresas telefónicas, entre otras. Además, muestra su preocupación porque esta delegación podría alcanzar entre 30 o 40 años.
«Un Gobierno responsable no puede poner a la venta todos los activos públicos, sin siquiera realizar un procedimiento de debate legislativo y consultas sociales adecuadas, Este proyecto de Ley podría ser el más grande asalto a los bienes públicos», asevera la organización.
La CONAIE convoca a los pueblos indígenas, sectores y organizaciones sociales, populares a organizarse y no permitir que se fortalezca un marco legal de impunidad. Asimismo, demandan a los asambleístas coherencia, pues no existen condiciones para la aprobación de esta Ley.