Quito, 24 mar (La Calle).- A través de un comunicado, la CONAIE expresó su rechazo a las mañas «antidemocráticas» del Gobierno de Guillermo Lasso y a sus aliados en la Asamblea Nacional, pues asegura que intentarán pasar el proyecto de Ley de Inversiones por el ministerio de la ley, porque no les alcanzará los votos.
«Por ellos, junto a las pueblos y organizaciones sociales hemos puesto nuestra voz de alerta para exigir coherencia a los asambleístas y que se archive este proyecto de ley, pues podría ser el más grande asalto a los bienes públicos, que no generará empleo, crecimiento económico o recaudación fiscal, es una exigencia más del FMI», dice en el documento.
Demanda de los Isaías al Estado Ecuatoriano
La CONAIE también dice que le causa «indignación y sorpresa» el riesgo de que el Estado ecuatoriano tenga que destinar sus exiguos recursos al pago de cuantiosas indemnizaciones a los protagonistas de la crisis bancaria de fines de 1999: los hermanos Isaías.
Asegura que aún más le llama la la atención que el abogado que impulsa estos casos sea una persona cercana al presidente Lasso, quién lo designó como árbitro ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el pasado 11 de agosto de 2021.
«No sólo se ponen en riesgo los limitados recursos públicos que son destinados a Educación, Salud o Vivienda en el Presupuesto General del Estado, sino que un proceso de este tipo lesiona la dignidad y memoria de todos los ecuatorianos. Al respecto, exigimos al presidente Lasso y al Procurador Íñigo Salvador que, defiendan al Estado y no a intereses de grupos económicos; y a la función judicial del Ecuador, a través del Consejo de la Judicatura, que garanticen la transparencia del proceso y la imparcialidad de los juzgadores», demandan.
La CONAIE recuerda que las heridas de la crisis bancaria de 1999 en el Ecuador no se han cerrado y que permanecen frescas en la memoria de los miles de familias a quienes se incautaron sus ahorros y que, en algunos casos, fueron obligadas a migrar para buscar un alivio a las condiciones de empobrecimiento de las que fueron víctimas.
«Por ello, el riesgo de que el Estado ecuatoriano tenga que destinar sus exiguos
recursos al pago de cuantiosas indemnizaciones a los protagonistas de la crisis bancaria de fines de la década del 90, nos causa sorpresa e indignación», insistieron.
