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Con el arbitraje, Lasso aprieta la soga al cuello de las empresas públicas | Audio

Quito, 19 ago (La Calle).- El reglamento de arbitraje que decretó el presidente Guillermo Lasso va contra la Constitución y pone a las empresas públicas en manos del arbitraje internacional.

«A través del reglamento pretenden replicar las mismas prácticas que el expresidente Lenin de sustituir la Constitución y el contenido de la ley de arbitraje para modificar las reglas de esta institución jurídica», explicó a Radio La Calle, el abogado y exasambleísta Luis Fernando Molina.

El experto indicó que el reglamento expedido por Lasso expresa que todos los procesos de contratación pública tendrían que someterse a un arbitraje no solo nacional, también internacional. «Significa que cualquier contratación de relación pública desde artículos de oficina hasta consultoría de las empresas públicas entrarían a un proceso arbitral».

Adicionalmente se establece que los arbitrajes del Estado podrían implantarse en procedimientos de los mismos convenios. «Esto contradice la Constitución porque debe resolverse en derecho», añadió Molina.

Con el arbitraje peligran los intereses de las empresas públicas. «Los arbitrajes internacionales los ponen las multinacionales. Nos han causado un perjuicio de USD 10.000 millones al Estado. En el ámbito nacional los árbitros serán los que sugiera la Cámara de Comercio de Quito y Guayaquil», agregó.

El reglamento va en contra de los artículos 419 y 422 de la Carta Magna que indican que no se puede ceder jurisdicción al arbitraje internacional cuado estén de por medio los intereses del Estado.

Empresas en peligro

Molina también explicó que las empresas públicas están en peligro por estos nuevos cambios:

El presidente Lasso debe responder cuál será el papel del procurador general del Estado y su existen intereses de grupos legales de favorecer a sus clientes en los litigios.

¿Privatización?

El reglamento podría llevar a la privatización de las empresas, pero aún más grave, la destrucción de los recursos del Estado . «Como dijo el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, este reglamento busca que los grandes emporios económicos de lleven la carne de Estado y le dejen los huesos. Los recursos están en peligro a través de estos arbitrajes», precisó.

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