Quito, 22 sep (La Calle). – El ministro de Recursos No Renovables, René Ortiz, prometió atender la remediación ambiental y la dotación de agua a todas las comunidades que sufrieron afectaciones por el derrame de petróleo en el sistema de oleoducto SOTE, OCP y Poliducto SFF. Sin embargo, las autoridades locales recalcan el abandono del gobierno.
El ministro compareció ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Allí comunicó que realizará visitas a los lugares afectados el próximo 8 de octubre. Esto con el objetivo de constatar el trabajo de reparación ambiental y para compensar a las comunidades afectadas.
Los gerentes de Petroecuador y Petroamazonas, el presidente del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) . Así como autoridades del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, señalaron que se establecieron 189 puntos de limpieza y remediación en las zonas del río Machacuyacu, Puerto Madero y Providencia en la Amazonía. La inversión fue, según las autoridades, de USD 20 millones.
René Ortiz mencionó que la ruptura del sistema de oleoducto fue fortuita y tuvo atención inmediata tanto en lo físico como en lo social. El funcionario de Moreno dijo que 108 comunidades tuvieron atención, 30 de ellas en la provincia de Sucumbíos y 78 en la provincia de Orellana.
Abandono del Gobierno Central
Sin embargo, las autoridades locales no están de acuerdo con la versión del ministro. Darwin Camacho, presidente del GAD San José de Guayusa, y Jaime Bedón, director de riesgos del Cantón Orellana, mencionaron que las autoridades no se preocuparon por prevenir el derrame de petróleo.
Ambos citaron que, tras el hundimiento de la cascada de San Rafael, las entidades correspondientes debieron anticiparse a lo que iba a suceder después con el sistema de oleoducto.
De igual forma, las autoridades locales desmintieron los logros que el Gobierno y las empresas petroleras confesaron haber realizado en favor de las comunidades.
Camacho y Bedón expresaron que a las comunidades solo les entregaban 4 botellones de 6 litros de agua para 8 días. El gobierno no tomó en cuenta que la población en cada comunidad es numerosa.
Para la entrega de kits de alimentos, según los directivos locales, los pobladores del sector debían firmar un documento. En este renunciaban a poner cualquier denuncia en contra de los responsables del daño ambiental.
Respuesta de la Comisión
Al finalizar la comparecencia en la Comisión de la Asamblea, los legisladores Edy Peñafiel, Juan Cárdenas, Fredy Alarcón y Alberto Zambrano señalaron que la denuncia expuesta por las autoridades locales tiene plena validez.
Peñafiel dijo que la postura del ministro y de los gerentes de las petroleras es válida, pero que cuando se contrasta con el dolor y sufrimiento de las comunidades, ambos lados distan mucho entre sí. (DR).
