Quito 16 de abr (La Calle).- El concejal de Quito, Eduardo del Pozo, explica la correlación de fuerzas al interior del Concejo para una potencial destitución del alcalde Jorge Yunda.
«Un total de 11 concejales estamos de acuerdo en que el Alcalde debe renunciar. Cuando el pedido de remoción llegue, cada uno tomará su decisión. Todo este escenario nos obliga a decir que esto no da para más. El Alcalde debe dar un paso al costado», dijo durante una entrevista para Radio La Calle
El funcionario aseguró que él le sugirió al burgomaestre pedir una licencia para que se defienda en libertad, pero la situación desencadenó en una investigación profunda con allanamientos donde encontraron el teléfono de Sebastián Yunda, hijo del alcalde. En el celular privado hallaron textos que lo comprometieron con funcionarios del Municipio y empresarios en supuestas comisiones y contrataciones en la gestión municipal.
«Es evidente lo que sucede. No hay como tapar el sol con un dedo. No ha hecho caso al pedido de renuncia, pero un grupo de ciudadanos va a presentar ante el Concejo Metropolitano las causas por las que debería renunciar el Alcalde. Este proceso requiere de 14 votos para resolverse entre 20 y 30 días»
Del Pozo afirma que a raíz de este hecho un sinnúmero de funcionarios renunciaron porque no quieren ser partícipes de esto. «El Alcalde seguirá ocupado en defenderse mientras la ciudad está abandonada. Por tercera ocasión (en la Sesión Ordinaria del Concejo Metropolitano N° 133), no discutíamos los temas de la ciudad. Quito paga los platos rotos de esta crisis», sostuvo.
El Vicealcalde asumiría el cargo en caso de renuncia
En caso de una remoción, el vicealcalde Santiago Guarderas sumiría el cargo. «La ley es clara y el Vicealcalde es quien debe hacerse cargo. Aquí no quedan dudas quien debe estar en su lugar. Un intento de cambio puede parecer una intención de reparto o intereses entre concejales que no le harían bien a la ciudad», concluyó.
El próximo 26 de abril se realizará la audiencia preparatoria de juicio de Yunda por presunto peculado en la compra de pruebas PCR.
