Quito, 11 mar (La Calle).- En reiteradas ocasiones los ministros de Estado han ignorado los llamados de la Comisión de Justicia, en el marco de la fiscalización del Caso Petronoboa e irregularidades en la adquisición de cascos y chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas. Los funcionarios solo responden a los requerimientos de la Comisión de Seguridad, presidida por legisladora oficialista, Inés Alarcón.
El pasado 10 de marzo, el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño, señaló que la ministra de Energía, Inés Manzano; el director del Servicio Nacional de Rentas Internas (SRI), Damián Larco, el secretario de Integridad Pública; José Neira; y las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), no acudieron a la mesa parlamentaria para dar respuestas en torno a la fiscalización del Caso Petronoboa, que involucra a la familia presidencial. Algunos funcionarios se excusaron manifestando que el tema ya lo trata la Comisión de Seguridad, otro justificaron su ausencia por temas de agenda.
Por otro lado, este 11 de marzo la Comisión de Justicia realizó una convocatoria al ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo y a la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), Deborah Jones por la fiscalización a las irregularidades en la adquisición de equipo de protección a las Fuerzas Armadas, sin embargo, no acudieron al llamado.
«Lo que se ve claramente aquí es un deseo de buscar la impunidad y el gobierno está usando a la Comisión de Seguridad para lograr sus fines«, resaltó el asambleísta Cedeño.
El oficialismo: juez y parte
El ministro Loffredo invitó a la legisladora Alarcón a una constatación en vivo sobre la calidad de los equipos de protección. La cita será el próximo 13 de marzo en el Comando Logístico del Ejército, en Quito, a las 09h00. El secretario de Estado ya realizó esta revisión frente a los medios de comunicación.
En este sentido, la legisladora Jhajaira Urresta (RC) cuestionó que los funcionarios de gobierno solo atiendan los requerimientos de la mesa parlamentaria de Seguridad. Además manifestó que las pruebas de calidad a los chalecos deben considerar factores como las lluvias y el sudor. Agregó la verificación debe realizarse en un laboratorio especializado, ámbitos que fueron ignorados por el Ministerio de Defensa, resaltó. “Que no nos chirleen la inteligencia porfavor”, dijo en su comparecencia a la Comisión de Justicia.
Según Loffredo, la fase de adquisición de chalecos y cascos realizadas bajo régimen especial fue declarada reservada. No obstante, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, mocionará el levantamiento de la reserva al proceso. Posteriormente, Contraloría podrá realizar un examen especial a la contratación.