Quito, 10 jun (La Calle). – La exministra María Paula Romo reconoció un préstamo de Colombia y Perú de gases lacrimógenos en el marco de las movilizaciones de octubre de 2019. Después de una semana de protestas, los 5.200 gases de corto y largo alcance empezaron a mermar, por lo que Romo pidió ayuda a sus pares de los vecinos países.
En las protestas de octubre del 2019 fallecieron 13 personas. Además 22 sufrieron lesiones graves como pérdida de un ojo o lesiones cerebrales. A esto se suma la impunidad que existe en este caso. Fiscalía recibió 743 denuncias, la mayoría por daño de bienes. De este total, solo 66 han sido procesadas y 19 recibieron sentencia condenatoria.
Esta información salió a la luz como parte de una investigación llamada El negocio de la represión, en la donde participaron El Universo de Ecuador, Cerosetenta de Colombia, El Deber de Bolivia, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y otros nueve medios de la región. Y que recoge diario El País en su edición internacional.
Préstamos de Colombia
La exministra habló con Guillermo Botero Nieto, en ese entonces ministro de Defensa colombiano y que ahora es embajador de ese país en Chile. Sin embargo, no precisó con qué autoridad peruana trató. “Es un tema de cooperación entre policías (…). No recuerdo que el presidente (Lenín Moreno) haya hecho o haya tenido que hacer una llamada”, dijo Romo. Las llamadas son de tipo diplomático para alertar que el comandante de Policía ecuatoriano llamara a sus colegas para determinar el préstamo.
Un informe de la Comandancia de Policía detalla lo que envió Colombia entre el 9 y 10 de octubre: 7.140 cartuchos calibre 37 mm, 2.000 calibre 40 mm, 8.000 granadas de mano trifásica, 2.000 granadas multimpacto y 10 fusiles lanzagases.
El Gobierno colombiano informó que fue una ayuda única. “No ha habido ningún otro préstamo de armamento no letal, tampoco de elementos de consumo, a otros cuerpos policiales o militares de algún país de América Latina en los años 2018 a 2022″, dijo en su respuesta el general Henry Sanabria Cely, director administrativo y financiero de la Policía colombiana.
El préstamo de Perú
Por otra parte, no constan archivos del préstamo de Perú. Una fuente cercana a la exministra Romo le dijo a El Universo que eso no fue un préstamo sino donación y que no recordaba si los gases estaban caducados a cerca de su fecha de caducidad.
“Estoy casi segura de que fue donación. No sé si es que hubo una parte que era donación y una parte que era préstamo. Tendría que verificar en los documentos (…) No conozco los detalles, peor aún la motivación para donar, pero si Perú tenía más material o ya había contratado un recambio, tal vez para Perú era una opción donar”, añadió Romo.
Perú prestó 1.000 granadas lacrimógenas, 5.000 cartuchos lacrimógenos de calibre 37 mm y 6.000 cartuchos de perdigones de goma. El expresidente Martín Vizcarra confirmó el préstamo. “Hubo un acuerdo directo entre las direcciones generales de la Policía entre Perú y Ecuador. Este fue el único préstamo interinstitucional. La idea era que se devuelva inmediatamente apenas llegara el material que compró ese país”.
Presión por los préstamos
El 21 de noviembre se desataron protestas en Colombia, un joven llamado Dylan Cruz se transformó en una de las víctimas de la violencia policial y llevó a la Corte de Justicia colombiana a suspender el uso de escopetas de calibre 12 mm, el arma no letal con la que apuntaron directamente a Cruz, que murió dos días después.
En medio de estas protestas, el Gobierno colombiano presionaba directamente a sus pares de Ecuador para que devuelvan el préstamo de bombas que hicieron en octubre. Los oficiales ecuatorianos presionaban a su vez a sus homólogos bolivianos a quienes también prestaron bombas durante las protestas por el golpe de Estado.
En junio de 2021, el asambleísta Fausto Jarrín (UNES) denunció por posible peculado a Lenín Moreno y a María Paula Romo, por la entrega de las bombas lacrimógenas a Bolivia. Según él, el perjuicio al Estado ecuatoriano alcanzaría los USD 300.000.
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Compras desconocidas
El ahora ministro del Interior, Patricio Carrillo, era parte activo de la Policía Nacional y presentó un proyecto para adquirir más bombas y material. Esto debido a la mayoría de éstos estaban caducados. Un informe del Ministerio de Finanzas muestra que se destinaron USD 14,2 millones al proyecto de Carrillo, pero se devengaron apenas 2,5 millones. Se desconoce en qué se utilizó ese dinero.
Compras Públicas no aclaró si conoce sobre el uso de esta plataforma. Romo indicó que durante su gestión se hicieron dos grandes contratos a través de esa plataforma digital. El fin era adquirir los productos directamente a los fabricantes internacionales sin pasar por los intermediarios locales, para ahorrar dinero. También aseguró que estas compras fueron declaradas confidenciales por cuestiones de seguridad nacional.
