Quito, 21 jul (La Calle).- La Policía Nacional proporcionará seguridad a los jueces asignados por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) debido a las amenazas al sistema judicial, los funcionarios tendrán la debida protección si la institución lo cree conveniente.
El 21 de julio el ministro del Interior, Juan Zapata se reunió con el presidente de la CNJ Iván Saquicela para establecer una alianza en conjunto. Además, se prevé invitar a la Fiscalía para que tomar acciones ante la delincuencia y que los casos no queden impunes.
Por su parte, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, señaló que en la Dirección de Protección existen 56 dispositivos de seguridad integrados por 92 policías que brindan protección a jueces y fiscales.
A falta de armamento…
Respecto a la resolución aprobada para la utilización de armas incautadas a la delincuencia en operativos policiales, el ministro Zapata señaló que a través de la Policía Judicial ya se genera el inventario del armamento con la participación de peritos, la unidad de Criminalística y el apoyo de la Fiscalía.
“Nuestra intención es generar procesos rápidos, pero cumpliendo con la norma para que el armamento pase a mano de la Policía Nacional”, indicó.
También comentó que se incrementaron programas de capacitación en seguridad y autoprotección para jueces y fiscales; y se realiza patrullaje intermitente en las instalaciones del Consejo de la Judicatura (CJ) y Fiscalías de todo el país.
Atentados a Judicatura
Pesa a que existe un supuesto patrullaje constantes en el CJ, en los últimos meses han existido varios atentados. El 2 de junio un incendio acabó con la Unidad Judicial Civil y de Trabajo de Esmeraldas. El CJ denunció que se trataría de un atentado contra la Función Judicial.
A través de redes sociales, el Consejo advirtió que los ataques ocurren en medio de una “campaña maliciosa y mediática”. Sin embargo, aclaró que no permitirá los amedrentamientos de ningún tipo.
Tres amenazas de bomba ocurrieron el 11 de mayo en las provincias de Manabí, Imbabura y Pichincha, en las direcciones provinciales de Quito, Ibarra y Portoviejo. También sucedió una alerta similar en la dependencia de Quevedo, el 24 de mayo. Más adelante, el 20 de junio ocurrió una alerta de bomba en la dependencia judicial de Santo Domingo. (A.G.M).
