Quito, 23 may (La Calle).- El abogado Néstor Toro y el economista Carlos Miranda presentaron una demanda de inconstitucional de la Ley de Defensa de la Dolarización ya que amenaza y afecta a la seguridad jurídica financiera del Estado y la ciudadanía.
“En este momento ya una parte de la ley se encuentra vigente, otra se encuentra en régimen de transición, específicamente la creación de las Juntas y la autonomía del Banco Central del Ecuador. Por eso pedimos la suspensión de la vigencia de la ley, por las afectaciones a la seguridad jurídica, que en un caso ya está cometiendo; y, en otro, están por cometerse, configurándose amenazas al derecho ya mencionado. Hoy por hoy, el derecho a la seguridad jurídica implica incluso ser beneficiarios de una seguridad jurídica financiera que, garantizada desde el Estado, promueva al cumplimiento del buen vivir”, explicó Toro a Radio La Calle.
Efectos de la Ley
De acuerdo con Miranda, la ley tiene varios efectos económicos, pero los que más destacan son:
– El Banco Central del Ecuador tendría control sobre los ingresos de dinero por deuda pública externa; y, además, tiene prohibido el financiamiento de cuotas sociales como bonos, lo que implicaría que el presupuesto del Estado para gasto en bienestar social, entra en una situación de incertidumbre y afecta a las personas que necesitan de esto.
– Se pone un límite al Estado para que no pueda disponer de recursos propios, extendiéndose a que no puede financiar a los diferentes sectores que son parte de lo público.
– Esta ley evade que los organismos de control constitucionalmente reconocidos auditen al Banco Central del Ecuador, sino que serán firmas auditoras con calificación internacional.
– No hay que olvidar también que esta ley es muy imprecisa en el tratamiento de la deuda de la banca privada. Tal como está redactada la ley, se abre la puerta a que el Estado las estatice haciéndolas pasivos del Banco Central y convirtiendo al Estado en garante
Demanda de inconstitucional
De acuerdo con Toro se detallaron “específicamente, 28 inconstitucionalidades en 26 artículos de la norma”.
Si la Corte Constitucional evalúa favorablemente la demanda, ésta se admite a trámite y comparecen las personas interesadas a través del amicus curiae. ” De igual manera, tanto los amicus, como nosotros, los demandantes tendremos que comparecer a audiencia”, explicó.
¿Y si aceptan la demanda?
“La ley será declarada inconstitucional y expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. Volverían a estar vigentes los artículos del Código Monetario y Financiero tal cual antes de la reforma de esta ley demandada”, dijo el jurista.
Además de la inconstitucionalidad, los derechos también corren riesgo.” El derecho constitucional a la seguridad jurídica está siendo vulnerado. Y tambien, que se le dé un tratamiento prioritario por ser un tema de trascendencia nacional”, agregó.
