Quito, 02 feb (La Calle).- La Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un comunicado sobre la actuación – el 1 de febrero – de la policía en Argentina contra los ciudadanos que protestan y hacen vigilia a las afueras del Congreso por el debate de la ley omnibús.
“recuerda que la protesta social es un elemento esencial en las sociedades democráticas y que el Estado debe respetar, proteger, facilitar y garantizar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, conforme estándares interamericanos de derechos humanos”, escribió la organización en un post de X.
De acuerdo con medios internacionales, los miembros de la gendarmería y la Policía federal arremetieron contra los manifestantes lanzándoles las motocicletas y arrojando gas pimienta, balas de gomas. Además de crear un círculo de seguridad que impedía el tránsito en las calles.
El final de la jornada de protestas terminó con la detención de tres personas, incluido un ciudadano chileno, a quien arrestaron por presuntamente agredir a dos policías.
¿Qué es la ley omnibús?
El mega proyecto del presidente Javier Milei contenía orginalmente 664 artículos, de los cuales se eliminó la mitad. El mandatario sostiene la importancia de su ley argumentando que es una herramienta para enfrentar la crisis económica que enfrenta el país.
La propuesta de ley de Milei busca reformar diversos aspectos, incluyendo privatizaciones y ampliación del poder del Ejecutivo en asuntos económicos. Tras negociaciones, los artículos se redujeron a 280. El mandatario debió hacerle cambios por lo que se retiraron reformas a las pensiones y algunos de los artículos más controvertidos relacionados con protestas. Sin embargo, la privatización de más de 40 empresas estatales, la reducción de protecciones ambientales y otros aspectos de la legislación sobre protestas permanecen sin cambios.
Si el proyecto se aprueba en ambas Cámaras y no hay más modificaciones, Milei obtendría poderes especiales hasta finales de 2024 para legislar sobre asuntos económicos, financieros, de seguridad, fiscales, energéticos y administrativos. El Congreso podría extender este período por un año adicional.
