Quito, 29 may (La Calle).– El ministro de Inclusión Harold Burbano confirmó la finalización inmediata de los programas Jóvenes en Acción y Ecuatorianos en Acción, dos iniciativas ejecutadas por el presidente reelecto Daniel Noboa, durante su campaña electoral, que beneficiaron a 200.000 personas con transferencias mensuales de USD 400.
Jóvenes en Acción, iniciado el 6 de noviembre de 2024, canalizó USD 120 millones hacia ciudadanos de 18 a 29 años durante cinco meses. Los beneficiarios participaron en labores de reforestación, recuperación ambiental y proyectos agrícolas supervisados por los ministerios de Ambiente, Obras Públicas y Agricultura. Originalmente planeado para tres meses, Noboa lo extendió mediante decreto días antes del inicio de la campaña para la segunda vuelta electoral.
Ecuatorianos en Acción, oficializado el 22 de marzo de 2025 (24 horas antes del arranque de la campaña electoral), destinó USD 96 millones a dos pagos bimestrales de USD 400 para población de 30 a 64 años en ocho provincias afectadas por inundaciones: Guayas, Los Ríos, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Santa Elena, Loja y Azuay. Su lanzamiento en Guayaquil contó con la presencia de la gobernadora Zaida Rovira, exministra del MIES, quien insinuó una posible extensión que nunca se concretó.
¿Chuchaqui electoral?
El cierre de los programas revela tensiones entre su diseño temporal y el ciclo político. Fuentes críticas señalan que Ecuatorianos en Acción operó como herramienta de captación de votos: su primer pago coincidió con la fase decisiva de la campaña, y su abrupto fin se produce 21 días después de la victoria de Noboa. En abril del 2025 beneficiarios en Guayaquil reportaron retrasos en los pagos.
“Los dos programas fueron pilotos del Gobierno para entrar a una dinámica de transferencias condicionadas y temporales, dirigidas a segmentos que no están en pobreza extrema, pero que requieren un impulso económico para salir adelante” insistió Burbano en declaraciones a Primicias.
¿Qué pasará ahora?
Según el Ministro, los programas permitieron recabar datos para construir una política social «estructurada y con financiamiento plurianual». El nuevo esquema, aún sin nombre, promete ampliar cobertura pero mantendrá el enfoque de transferencias condicionadas para «personas no en pobreza extrema, pero con necesidad de impulso económico».
La inversión total de USD 216 millones evidenció la capacidad de ejecución rápida ante emergencias, pero dejó interrogantes:
- Sostenibilidad: Ningún programa superó los cinco meses, desvinculando masas laborales jóvenes y adultas en plena crisis económica y climática.
- Enfoque reactivo: Las ayudas se activaron solo tras desastres naturales, sin mecanismos preventivos.
- Opacidad en resultados: El MIES no publicó evaluaciones de impacto sobre reducción de vulnerabilidad social.