Quito, 27 may (La Calle).- Christian González, dirigente de la Revolución Ciudadana rechazó la falsa noticia de El Telégrafo acerca de la formación de comités de su organización en el territorio y la calificó de fascista.
En entrevista para Radio La Calle, Christian González aseguró: «Mientras la gente se desploma en la calle, se aprueban leyes contra los trabajadores; mientras aumentan los despidos y no existe garantía de alimentación para la gente, el gobierno apela a que el correísmo es responsable de todo y se concentra en exterminarnos como expresión política. Eso se llama fascismo».
González pregunta si estos medios harán lo mismo con otras agrupaciones políticas como el Partido Social Cristiano, Creo, Unidad Popular, etc., solamente por tener una expresión territorial organizada. “Sabemos que la gente que protesta supera el 85%», pero el gobierno sigue empeñado en diabolizar a los correistas”, dijo.
Ante esto, señala que la repuesta debe jurídica para que no queden en la indefensión la gente y las organizaciones. Incluso dirigentes barriales son involucrados en esta noticia, quienes, según señala, «están haciendo muchas de las cosas que debería hacer el Estado: constitución de bancos de alimentos, colectas, farmacias populares y huertos familiares».
Según su criterio, mientras la organización política y social se dedica a atender las desatendidas necesidades de la gente, el Gobierno utiliza un medio público para continuar con la persecución. “Un medio que ni siquiera se molesta en aplicar los principios básicos del periodismo, que no contrasta ni investiga. ¿Por qué no llaman a quienes acusan?», se pregunta González.
Después de una publicación de La Posta que hizo uso de un “documento filtrado por los servicios de inteligencia del Ecuador”, El Telégrafo se hizo eco para “alertar” sobre el trabajo de los Comités de la Revolución Ciudadana en Quito.
La primera constatación de la falsedad de este documento periodístico vino desde la propia Secretaría de Inteligencia que denunció que la información publicada por este medio “no corresponde a ningún informe entregado por nuestra institución o los Subsistemas de inteligencia”. Además, agregan que la difusión de información reservada tiene una pena privativa de libertad entre seis meses y tres años.
