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Cerca de 2.000 jueces habrían sido destituidos de forma irregular

Quito, 29 abr (La Calle).- El juez Patricio Centeno solicitó, en un plantón en el edificio del Consejo de la Judicatura, que el Pleno escuche sus argumentos y que pueda volver a ejercer sus funciones como magistrado. De acuerdo con el juez, lo cesaron para beneficiar a un ciudadano que habría cometido delito. Centeno es uno de los 2.000 jueces con procesos de destitución viciados que existen en el país.

“En mi caso el Consejo de la Judicatura, por beneficiar a un ciudadano que quitó a un pobre campesino 12 cuadras bananeras valoradas en USD 250.000 en Los Ríos, la víctima buscó una tutela, procede a cesarme en las funciones para beneficiar a ese ciudadano violentando mis derechos fundamentales. Presenté mi reclamo en octubre y hasta el momento no responden”, expresó.

El Doctor Patricio Centeno Tayupanta, prueba documental en el plantón, afirmó que el Consejo de la Judicatura, en la sustanciación del proceso Disciplinario en su contra hizo trampa creando pruebas inexistentes, ademas viola el Reglamento; La Ley; y, la Constitución, con la finalidad de que se deje en la impunidad la apropiación indebida e ilegal de 12 Hectáreas de cultivo bananero valoradas en USD 300.000, en perjuicio de un humilde campesino de la Provincia de Los Ríos de nombres Héctor Paulino Ocampo Viteri

Agregó que la Judicatura trafica con las designaciones de jueces y fiscales. Centeno tenía uno de los puntajes más altos, pero fue transferido a otra provincia. “Tengo un puntaje de 97/100, no he tenido ningún padrino. Como no lo tengo, solo me queda la calle como reclamo”.

Acotó que no se trata de un problema económico, sino de que exista verdadera justicia para su caso. “No es por un asunto de dinero, es por dignidad”.

Mesa de la verdad y justicia

Para acompañar y conocer los casos de exfuncionarios judiciales que fueron destituidos injustamente se creó la Mesa de la Verdad y Justicia. “El Consejo de la Judicatura reconoció ciertas veedurías internacionales que indican cierta injerencia política y administrativa en la función judicial”, explicó Carlos Garavi, exjuez provincial de Pichincha y presidente de la organización.

El exmagistrado informó que cerca de 2.000 jueces ilegalmente destituidos. “Los señores jueces tienen que se examinados por jueces, no por actores administrativos. Estamos aquí por la reivindicación de la justicia”, finalizó. MIB