Quito, 10 abr (La Calle).- La vinculación formal del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, al caso «Triple A» por presunta distribución ilegal de combustible enfrenta una impugnación jurídica contundente: el abogado litigante César García denunció que el proceso violó los plazos máximos de investigación establecidos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo que anularía las actuaciones judiciales y las medidas cautelares impuestas.
El núcleo de la controversia:
Según García, la instrucción fiscal —etapa investigativa a cargo del Ministerio Público— debió concluir el 16 de marzo de 2024, al cumplirse los 90 días improrrogables que marca el Art. 547 del COIP. Al no haberse realizado vinculaciones dentro de ese plazo, el juez Renán Andrade no tenía facultad legal para extender el proceso ni vincular al alcalde el 9 de abril, acción que García tilda de «arbitraria y nula».
Argumentos clave de la defensa:
- Plazos vencidos: La Fiscalía no solicitó vinculaciones durante los 90 días iniciales, por lo que el juez debió cerrar la instrucción el 16 de marzo.
- Extensión ilegal: El COIP solo permite 30 días adicionales si las vinculaciones ocurren dentro del plazo inicial, lo que no sucedió.
- Medidas cautelares inválidas: El grillete electrónico impuesto a Álvarez carece de base legal, según García, al derivar de una instrucción «extemporánea».
- Patrón de arbitrariedad: García señaló que la Unidad Especializada contra la Corrupción ya tuvo un juez sancionado por «negligencia manifiesta» en otro caso, y acusó a Andrade de replicar prácticas «al margen de la ley».
Reacción del alcalde Álvarez
En la audiencia de este 10 de abril, transmitida desde su residencia en Urdesa, Álvarez desestimó los cargos como un «teatro electoral» y rechazó la defensa pública asignada tras la ausencia de su abogado particular, Diego Córdova:
«Violaron mi derecho a la defensa. No autorizo que un funcionario público me represente», declaró, mientras el juez Andrade multaba a Córdova con dos salarios básicos (unos $940) e iniciaba una investigación disciplinaria.
La Fiscalía, liderada por Leonardo Alarcón, sostiene que Álvarez —como expresidente de Copedesa S.A. (2021-2022)— habría autorizado la venta ilegal de diésel en tres estaciones con capacidad sobrepasada, según informes del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de Análisis Financiero (UAFE). El COIP prevé hasta cinco años de prisión por este delito.