Quito, 7 sep (La Calle).- En su cuenta oficial de Twitter, el exmandatario Rafael Correa anunció que el Tribunal integrado por los jueces Javier de la Cadena, Milton Ávila y José Layedra ratificaron su sentencia de 8 años en última instancia.
El proceso
En mayo del 2019, el portal digital Las Fuente publicó un “reportaje” sobre el caso de corrupción “Arroz Verde”. En junio, Fiscalìa iniciò la investigación denominándolo “Caso Sobornos 2012-2016”.
Los procesos judiciales contra el ex presidente Correa, y 20 funcionarios más, derivaron en una sentencia por cohecho, en primera instancia, el 26 de abril del 2020. Para julio, se ratificó la sentencia.
El 24 de agosto del 2020, el sistema de justicia admitió el recurso de casación de 15 procesados en el Caso Sobornos. La última diligencia que queda dentro del caso. Con este recurso, buscaban analizar si la ley fue aplicada de modo erróneo o, en su defecto, malinterpretada en los procesos anteriores.
La sentencia
La sentencia señala al ex presidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glas como “autores mediatos por instigación al cohecho agravado”. El ex mandatario calificó a la sentencia como “ridícula”. Alegó que al menos en lo referente a su condena, lo acusan por inducir en sus funcionarios, mediante un “influjo psíquico”, la “resolución de realizar el injusto cohecho”.
Caso Sobornos
Según la tesis de Fiscalía, el “Caso Sobornos 2012-2016” es el conjunto de acciones delictivas lideradas por el ex presidente Rafael Correa junto con 20 funcionarios más. Los acusados enfrentan cargos de corrupción pues, según Fiscalía, recibieron recursos económicos para las campañas presidenciales de Alianza País (2012-2016) a cambio de futuros contratos con el Estado.
La defensa de los implicados cuestionò las pruebas del caso. Los cuadernos de la ex funcionaria de la Presidencia Pamela Martínez, escritos en el 2018, y un préstamo de USD 6.000 solicitados por el ex presidente, son las bases que sostienen toda la investigación de Fiscalía.
Según Correa, este caso es un “gigantesco fraude procesal” y un intento de judicialización de la política.
