Quito, 15 de enero (Radio La Calle). –Familiares y el abogado a cargo del caso de Naomi Arcentales habían solicitado, en días anteriores, que la investigación se lleve a cabo en Quito. El objetivo es la imparcialidad en el caso, pues, la parte acusada, Juan Carlos Izquierdo, desempeñaba el cargo de Fiscal en Manabí.
El 14 de enero, la Fiscal general del Estado, Diana Salazar, mediante un comunicado, dispuso que la investigación se encuentre a cargo de una fiscal especializada en violencia de género desde la Planta Central, en Quito.
En el comunicado se detalla que la decisión también se debe a que las fiscales que conocían del caso en Guayas, presentaron COVID-19 y tenían un cuadro delicado, lo que les impediría continuar con sus labores.
“El objetivo es seguir con las acciones previstas en esta causa, garantizando el acceso a la justicia, tras los hechos que desembocaron en la muerte de la joven, en Manta”, detalla el comunicado.
Respuesta de Izquierdo
En respuesta a esta decisión, la defensa de Izquierdo emitió un comunicado de prensa en el que rechazaba totalmente el traslado del expediente de investigación a la ciudad de Quito. Aseguró que esto respondía a presiones mediáticas de la contraparte.
“Curiosamente el traslado del expediente a Quito ha sido una “aspiración” de la defensa de la fallecida, lo que abona a la falta de transparencia en un caso, que pretende manejarse a criterios de antojos y presiones”, afirmó su defensa.
Además, manifestó que el contagio de COVID de las dos fiscales no era motivo suficiente para ordenar el traslado del caso a otra ciudad.
Con este nuevo cambio ya son 3 veces en que se designa a una fiscal diferente para que lleve el proceso de investigación. Primero se designó a la fiscal Livanesa Gálvez y luego con Patricia Morán.
A un mes del hecho, las investigaciones todavía no determinan si Arcentales se suicidó o si se trató de un caso de femicidio
