Diego Álvarez, redactor
Quito, 02 jun (La Calle).- La asambleísta Esther Cuesta solicitó información detallada sobre el protocolo contra el hostigamiento y acoso sexual en la Cancillería del Ecuador.
El motivo es que el pasado 1 de junio, la excónsul de Málaga, Martha Sandoval, denunció haber sido víctima de acoso sexual y hostigamiento laboral por parte del exembajador de España, Cristóbal Roldán.
Cuesta, dijo a Radio la Calle que pidió “al Canciller un informe individual de otros seis servidores públicos que menciona la exrepresentante nacional; al parecer, estas personas tienen conocimiento directo o indirecto de lo que ha pasado”. Estos servidores son: la embajadora Verónica Peña, la Ministra Lotty Andrade, la Ministra Verónica Gómez, el embajador Luis Vayas, el consejero Christian Espinosa y el tercer Secretario Magno Peralta.
“Tendrán que darnos un informe (a la Asamblea Nacional) sobre su conocimiento de los hechos. Y eventualmente, la Fiscalía realizará las investigaciones pertinentes”, aseguró la asambleísta.
Además, Cuesta comenta que la carta de Martha Sandoval “deja entrever que no es el único caso”. “En una institución tan grande como la Cancillería hay relaciones de poder desiguales. Con el pronunciamiento de la excónsul de Málaga, esperamos que otras mujeres u hombres puedan sentirse protegidos y seguros de denunciar actos de acoso sexual u hostigamiento laboral”, alegó la asambleísta.
En la carta de denuncia de la excónsul se demostraría la inoperancia del Protocolo Interno para la Prevención, Actuación y Eliminación de todas las formas de Acoso u Hostigamiento Laboral con Connotación Sexual, implementado desde 2019. El protocolo establece un procedimiento de denuncias formales y confidenciales a través del sistema on line de Biodata.
“Vamos a realizar el control político y la fiscalización respectiva para saber por qué no se aplicó el protocolo establecido. Y por qué la Cancillería permitió que sigan estos casos de acoso y hostigamiento”, aseguró Cuesta.
Esther Cuesta agrega que “la victima también tendrá que hacer la denuncia pertinente. Ha expuesto los hechos, pero también debe poner una denuncia formal. La Defensoría del Pueblo debería hacer un acompañamiento para poder garantizar los derechos humanos de la excónsul de Málaga”
