Jaime Quizhpi, redactor
Quito, 24 may.- Los sicariatos, las muertes violentas por robos, los amotinamientos en las cárceles, evidencian la ineficiencia del Estado ecuatoriano. Durante el primer año de mandato de Guillermo Lasso se han contado alrededor de 300 privados de libertad asesinados en las cárceles y cerca de 2.000 muertes violentas en las calles.
En el primer año de Lasso ocurrieron cinco amotinamientos en distintas cárceles del país. El problema se complica, porque en los mismos centros de rehabilitación, ilegalmente, se permite el ingreso de armas blancas y de fuego, así como municiones.
El presidente Lasso insiste en decir que las matanzas son entre líderes de bandas, por control de territorio, por droga, y por supuesto, asegura que este es un problema heredado desde el mandato de Rafael Correa. Luego de un año, no hay soluciones ni acciones claras para enfrentar este problema; tampoco política pública que permitan establecer un real modelo de rehabilitación social.
En vez de palear la crisis, esta se agudiza cada vez más. La ciudadanía vive atemorizada al salir a las callas, a trabajar e incluso a divertirse con sus familias. Recordemos que recientemente ocurrieron asesinatos en restaurantes, en hosterías, a la salida de un colegio, en cajeros automáticos e incluso una bebé fue asesinada en las afueras de su casa.
El presidente habla de acuerdos de seguridad con países como Israel, Colombia o Estados Unidos, pero nada concreto para resolver el problema ha ocurrido hasta ahora.
Otra de las falencias es, sin duda, la comunicación. El presidente ha guardado silencio ante la terrible ola de violencia que vive el país. No así, los grupos delictivos que han hecho videos deslindándose de crímenes o pidiendo a otros grupos que no se metan en “sus guerras”. De igual forma, los propios privados de libertad, a través de redes sociales, han pedido al presidente y a las autoridades que tomen el control de las cárceles y que garanticen sus vidas.
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Crímenes dentro y fuera de las cárceles
Guayas, Esmeraldas y Manabí, son las poblaciones en dónde la violencia se ha exacerbado. Por ello, Lasso decretó un estado de excepción focalizado.
Sin embargo, escenas violentas como la aparición de personas decapitadas o los asesinatos tipo sicariato se han vuelto frecuentes en estas zonas. En la Zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón se han triplicado las muertes violentas. Solo hasta el pasado 15 de mayo se registraron cerca de 511 casos, en lo que va del año. Pero Lasso dice que las muertes violentas han disminuido de forma “notable”
Asimismo, en Esmeraldas los asesinatos alcanzan los 160. Según la Policía Nacional y el Gobierno, este aumento de las muertes violentas es una guerra de bandas por control del tráfico de drogas, “con daños colaterales”.
A nivel nacional, solamente en lo que va del 2022, han ocurrido unas 1.255 muertes violentas. Si esto se mantiene, para finales del año las muertes violentan superarían los 2.000 casos. Es decir, se habla de una tasa de 12.2 muertes por cada 100.000 habitantes.
Ciudadanía atemorizada
Los ecuatorianos viven con temor y en la incertidumbre. Salir de los hogares para trabajar, ir a la escuela o a la universidad, se ha convertido en una actividad de riesgo. Al no haber acciones concretas, un Estado que garantice la seguridad y la vida, lo único que queda es encomendarse a la suerte o a la fe.
