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Casas de acogida: el agresor en casos de violencia de género es quien debe abandonar el hogar

Quito, 26 de sep, (La Calle).– En el año que más feminicidios se han denunciado en el Ecuador, en el año del asesinato y muerte de María Belén Bernal, se proyectan cambios en la situación de las casas de acogida en el Distrito Metropolitano de Quito.

Estas casas han servido de auxilio ocasional para decenas de mujeres violentadas, sin embargo, como explicó la concejala Gissela Chalá, el enfoque está cambiando: “quien debería salir de casa es el agresor y no la víctima, esa es la situación que se debería impulsar, muchas veces, luego de que una mujer ha recibido la asistencia, se produce una reinserción compleja”.

Soledad, nombre falso, contó a Radio La Calle su historia, “el problema se dio al regresar a casa, mis hijos estaban extraños conmigo, cuando descubrí que el padre les había dicho que yo había abandonado la casa y que no iba a volver: yo era la mala por escapar de su violencia”, además, cuenta Soledad, estaban la cantidad de asuntos pendientes que quedaron en el hogar: la atención a los niños, las tareas escolares, la comida, prácticamente los niños quedaron desatendidos”.

La idea que esperamos extender en una próxima entrevista, es que el agresor deje el  hogar y se garantice el funcionamiento de esa familia, con la menor cantidad de afectaciones para los hijos e hijas como para la madre.

Presupuestos sin ejecutar

Cabe recordar que en lo que va del año se han registrado 206 feminicidios, a partir de datos de la Fundación Aldea, es decir este es el año más violento del que se tiene registro. De allí que resulta anodino que solo el 5 por ciento del presupuesto para la erradicación de la lucha de género y que la Secretaría de Derechos Humanos tenga apenas un 15 por ciento de ejecución, tal como expresó la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Jahiren Noriega.

“Estamos preparando una normativa pues existe un vacío legal en este tema, los controles que podemos ejecutar actualmente son someros, nos centramos en el control político y en los pedidos de información a las autoridades del Ejecutivo”.