Quito, 14 sep (La Calle).- El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, aseguró que existen irregularidades en el proceso planteado en su contra. Sostuvo que se forjaron procesos penales que buscan silenciarlo y encerrarlo en una prisión.
Indicó, además, que no contó con un equipo electrónico para preparar su defensa. “Mi situación es de un privado de libertad, por una medida cautelar, no de un condenado”, sostuvo.
Dijo que tiene en su contra una campaña mediática, donde no tuvo derecho a la presunción de inocencia. Denunció, que el medio La Posta trabajó para influenciar en las resoluciones que tomen los asambleístas. Asimismo, dijo que su esposa y su familia han sido víctimas de agresiones y amenazas de muerte, desde octubre del 2019.
Carrión sostuvo que enfrenta un juicio político por usar un vehículo público, por haber asistido en una reunión, donde recibiría información sobre la vacunación VIP. También por irrespetar el toque de queda y por utilizar una firma electrónica, cuando existen situaciones y casos sumamente graves, de violaciones a derechos humanos y actos de corrupción, que nadie se ha molestado en investigar.
“No puede ser que un juicio político responda más a la oportunidad que al derecho”, sentenció.
Reiteró que asistir a una reunión, en la que se encontraría con un exministro de Salud, que tenía información sobre hechos corruptos del gobierno, no es incumplimiento de funciones. También enfatizó en que tiene una medida cautelar no una condena, por ello puede ejercer su cargo, al no tener impedimento de ley, y por ende, realizar designaciones.
Además, denunció que la Izquierda Democrática planearía quedarse con la Defensoría del Pueblo, a cambio de votar por su censura y destitución. Argumentó, que ante el anuncio de protestas de los sectores populares, lo ideal es tener una Defensoría cómplice y silenciosa.
“El problema no son las protestas, porque eso es un derecho. El problema es que el Estado actúa con tal dureza y fuerza que termina por violentar los derechos de los ciudadanos”, dijo. En este sentido criticó que los partidos interpelantes, sean de izquierdas, y uno de ellos, Pachakutik, sea el que “puso los muertos”, durante octubre del 2019.
Recalcó que el verdadero motivo del juicio político es evitar que las víctimas de octubre cuenten con un proceso de reparación. También diluir las responsabilidades, que tuvieron las autoridades del gobierno de Moreno, durante las protestas del 2019. En un acto simbólico, Carrión entregó a la Asamblea, el informe de octubre, “para que no quede en el olvido ni se eviten las responsabilidades del Estado”.
