Quito 23 dic (La Calle).- El presidente Daniel Noboa y la ministra de Energía, Minas e Hidrocarburos (e), Inés Manzano, han dado un paso controversial en la política energética del país al autorizar la concesión del campo petrolero Sacha, el mayor productor de crudo en Ecuador, a empresas internacionales.
El anuncio fue oficializado el pasado 23 de diciembre a través de la publicación de un acuerdo ministerial en el Registro Oficial.
El campo Sacha, ubicado en la región amazónica y operado actualmente por Petroecuador, es considerado «la joya de la corona» de la producción petrolera nacional. Este campo reporta una extracción diaria de 77.000 barriles. Ahora, la operación del bloque 60 será delegada a «empresas estatales internacionales o sus subsidiarias», decisión justificada bajo el concepto de excepcionalidad.
La propuesta presentada al Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas (COLH) proviene de las compañías Amodaimi Oil Company, filial de la china Sinopec, y Petrolia Ecuador, subsidiaria de la canadiense New Stratus Energy. Ambas buscan desarrollar actividades de exploración y explotación en el bloque. Esta iniciativa se formalizó a través de la validación técnica de la Subsecretaría de Administración de Contratos de Hidrocarburos, que argumentó que Petroecuador enfrenta limitaciones presupuestarias para llevar a cabo inversiones necesarias en el campo.
Argumentos oficiales y desafíos legales
En declaraciones recientes, la ministra Manzano respaldó la decisión basándose en informes técnicos que destacan la necesidad de inyectar nuevos capitales para proyectos como perforaciones, recuperación secundaria y mantenimiento de infraestructura. Además, la Procuraduría General del Estado (PGE) emitió un pronunciamiento en octubre avalando la excepcionalidad de la delegación, siempre que se cumpla con las normativas del Reglamento Codificado de la Ley de Hidrocarburos.
Críticas a la decisión del gobierno
La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) calificó la decisión como un acto de privatización encubierta, alegando que el Acuerdo Ministerial contiene irregularidades y contradice la normativa vigente. Según ANTEP, Petroecuador ha demostrado eficiencia operativa, aumentando la producción del campo en 16.000 barriles diarios durante los últimos tres años, con un costo promedio de 7 dólares por barril, el más bajo del país.
Las críticas también se centran en la capacidad de las empresas involucradas. Según la ANTEP, Petrolia Ecuador enfrenta cuestionamientos por su historial en la gestión del Bloque 16, donde informes previos señalaron limitaciones técnicas y económicas. Además, el gremio denuncia que ninguna de las firmas proponentes califica como estatal, lo que contraviene los términos del propio Acuerdo Ministerial.
En entrevistas recientes, el presidente Daniel Noboa aseguró que la concesión de campos petroleros busca generar ingresos adicionales para el Estado en 2025, pero evitó especificar qué otros bloques podrían ser incluidos en estas iniciativas. Mientras tanto, ANTEP ha convocado a la ciudadanía y organizaciones sociales a movilizarse para detener lo que consideran una «entrega ilegal» de un activo estratégico nacional.
El proceso de delegación será evaluado en las próximas semanas por el COLH, encargado de revisar y adjudicar las propuestas. La ANTEP solicitó a Contraloría la realización de una auditoria y examen especial de todo el proceso para determinar irregularidades y posibles responsables.
Persecución sindical
ANTEP anticipó la intencionalidad del gobierno de privatizar el Campo Sacha con una campaña mediática liderada por David Almeida, secretario general del sindicato, quien a su vez fue sancionado por Petroecuador a través de un sumario administrativo.
En noviembre, el inspector del trabajo, Luis Rengel, dio paso al proceso disciplinario contra el sindicalista para desvincularlo de Petroecuador con «visto bueno». La ANTEP calificó de arbitraria esta decisión.
Según el texto de la resolución, la medida se justifica bajo el argumento de que un trabajador «no puede referirse a una institución propia del Estado, en especial cuando pertenece a un sector estratégico, más aún cuando conforme a su declaración expresa acerca de la concesión de empresas extranjeras al campo Sacha».
Para la ANTEP fue claro el motivo de persecución política y argumentó que la resolución constituye un acto de censura, vulnera la libertad de expresión e intenta limitar el derecho de la clase obrera.
