Quito, 17 abr (La Calle).- La Cámara de la Industria de la Construcción (CAMICON) solicitó al alcalde de Quito, Santiago Guarderas, información de las contrataciones de la Empresa Pública Metropolitana y Obras Públicas (EPMMOP). Alrededor de 17 de 43 negociaciones habrían sido para contratistas con vínculos familiares y societarios.
El oficio fue emitido el 11 de abril por la CAMICON, y en base a un artículo periodístico de diario El Universo, hizo énfasis en los 43 contratos de la EPMMOP ejecutado por la actual administración desde octubre del 2021 para el asfaltado de vías. El monto total de los acuerdos sumuarían USD 47.2 millones.
Según el reporte del medio de comunicación, USD 23.7 millones fueron destinados a 17 contratos de grupos que comparten negocios en varios consorcios, tienen vínculos laborales. Incluso, se detectó que en cuatro convocatorias participaron concursantes con este tipo de relaciones.
Otro caso…
El 10 de abril, Contraloría General del Estado (CGE) informó que siete concejales de Quito, entre 2017 y 2022, cometieron el delito de nepotismo. De acuerdo a la autoridad, los familiares de los servidores habrían recibido sueldos entre USD 800 y USD 3 mil.
El documento publicado por la CGE detalla que primos, hijos y hasta cuñados ingresaron a trabajar al Municipio de Quito cuando los concejales Orlando Ordóñez, Mónica Sandoval, Fernando Morales, Soledad Benítez, Andrea Hidalgo y Heidi Moreno estaban en funciones.
¿Cómo entraron?
La entidad de control mencionó que los implicados para poder ingresar al Municipio aseguraron que no incurrieron en el delito de nepotismo ni en las inhabilidades que dicta la Constitución del Ecuador.
Sin embargo, el artículo 6 de la Ley de Servicio Público (LOSEP), menciona que toda autoridad nominadora no puede posesionar, nombrar, designar o contratar en la misma entidad o institución (…) a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
La defensa de algunos de los implicados
Sandoval y Moreno enfatizaron que no cometieron este delito porque no tenían ninguna relación administrativa y no son competencias de los miembros del Concejo, de acuerdo a lo expuesto por el medio citado.
La primera implicada señaló que desconocía la publicación del informe y repitió que en su “calidad de concejal nunca fue una entidad nominadora”.
Mientras tanto, Morales comentó que no tuvo ninguna participación en la contratación de sus familiares, pues esa responsabilidad no era de su competencia.
“Contraloría nunca me solicitó ningún documento al respecto y tampoco tengo alguna sanción por eso”, dijo.
La respuesta del Municipio
Respecto a este caso, el alcalde Guarderas manifestó que “de acuerdo con la Ley, todo funcionario al momento que ingresa al servicio público tiene la obligación de hacer una declaración juramentada, en donde expresamente determina que no ha incurrido en ningún tipo de nepotismo”.
Además dijo, que el hecho de que falte un mes para concluir su periodo, no significa que no se puedan establecer las sanciones que pueden llegar a la destitución, y si eso sucede le impediría ejercer cargos públicos por dos años.
Agregó que “habría que determinar si hay dolo o no. Puedo hablar por mí, si yo conozco que hay una prohibición de nepotismo en ningún caso me ha pasado por la mente contratar a un familiar, un cuñado o alguien que tenga relación de parentesco, es preferible trabajar con terceras personas, técnicas como lo hemos hecho en nuestra administración”. (A.G.M).
