Quito, 7 dic (La Calle).- El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la solicitud de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y los exministros de Energía, Fernando Santos y del Interior, Juan Zapata.
La decisión se aprobó con cinco votos a favor, uno en contra y una ausencia. Ahora los pedidos pasarán a la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, deberán esperar un largo rato, pues hay seis solicitudes pendientes de la extinta Asamblea Nacional. Además, las peticiones se atienden de acuerdo al orden de llegada.
La Comisión de Fiscalización emitirá un informe no vinculante sobre el pedido y revisará las pruebas de cargo y descargo.
La Revolución Ciudadana (RC), que impulsó el proceso contra la fiscal, necesitará 70 votos para censurarla y destituirla. La bancada tiene 51 miembros y deberá buscar los otros 19, pues el Partido Social Cristiano (PSC) y el oficialismo aseguraron que no respaldarán esta decisión.
Respuesta de la Fiscal
La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un comunicado -minutos después de conocer la decisión del CAL- donde señaló que la Unidad Técnica Legislativa anunció, el 4 de diciembre, que la petición en contra de su titular «no estaba enmarcada en los lineamientos constitucionales del debido proceso». Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, aclaró que todo lo presentado estaba en regla.
Además, enmarcó que la solicitud carece supuestamente de argumentos fácticos y jurídicos, y cuestionó que el CAL haya aprobado un informe «que no cumple con los requisitos».
«Es evidente la flagrante trasgresión al principio de independencia de funciones consagradas en la Constitución de la República», detalla el comunicado.
Las primeras reacciones
Kronfle, mencionó que la asambleísta proponente de juico a Salazar, Gissela Garzón, subsanó la prueba que estaba pendiente y el proceso entrará a trámite como las otras peticiones.
Por su parte, la primera vicepresidenta del Legislativo, Viviana Veloz, indicó que los procesos de fiscalización no se deberían entender como un proceso de persecución, sino de «no impunidad».
«En apego a la ley es nuestro deber fiscalizar los actos del poder público. Ningún funcionario o funcionaria es intocable. Ningún servidor por poderoso que se crea está por encima de la ley», apuntó.
Aclaró que la interpelante presentó 12 motivaciones para el juico político por incumplimiento de funciones. Ahora deberán subsanarlo y justificarlo ante la mesa legislativa. «Se presentarán todas las pruebas que nos dan la razón para este petición«, dijo Veloz.
