Tomado de Diario EL PAIS-España
Quito, 8 marzo, (La Calle).-Los científicos advierten sobre el peligro de que el país se convierta en incubadora de mutaciones y la OMS teme una explosión regional de casos.
Cascavel, una ciudad del Estado de Paraná, es uno de los casos más dramáticos que se conocieron la semana pasada. Gran centro urbano de una zona de población dispersa, tiene las unidades de cuidados intensivos al 99%.
¿Consecuencias? Pacientes intubados en pasillos de hospitales, ambulancias convertidas en camas… Hasta lanzaron un SOS al zoológico local, que les prestó nueve bombas de infusión y un respirador de los que usan para tratar animales, según la prensa brasileña.
260.000 mil muertes
São Paulo, la urbe más rica y poblada de América Latina, anunció el viernes un nuevo hospital de campaña y pide “voluntarios para la guerra”. Pero, como alertan los especialistas, aumentar camas sin frenar los contagios es un apaño temporal.
Un año dura ya esta contienda contra un virus que ha infectado a 10 millones de brasileños y causado 260.000 muertes en el país.
Gobernadores y alcaldes han decretado nuevos toques de queda y restricciones que quedan lejos de las tres semanas de confinamiento nacional que reclaman algunos científicos.
La cuarta ola de contagios está siendo la más virulenta. Empezó a gestarse hacia Nochevieja, a finales del año pasado. Los casos comenzaron a aumentar y desde entonces la tendencia se ha acelerado.
Desde que en enero acabó la paga del coronavirus, millones de personas salen a la calle a ganarse la vida, el personal médico está agotado, abunda la desinformación… Y todo ello agravado por la politización. La gestión de la pandemia es un campo de batalla política desde el día uno. El presidente, además proclamar que no piensa decretar un confinamiento ni vacunarse (su madre sí fue inmunizada), causa aglomeraciones todas las semanas, culpa de los daños económicos a gobernadores y alcaldes, ha cambiado tres veces de ministro de Salud y siembra dudas sobre la eficacia de vacunas y mascarillas mientras dedica personal y dinero público a fabricar medicamentos cuya eficacia contra la covid-19 no está demostrada.
