Quito, 22 mar (La Calle).- Petroecuador declaró en “fuerza mayor” a los bloques del 16-67, 43-ITT y 51, en la provincia de Orellana. La decisión implica la paralización de al menos 40 pozos petroleros y una nueva caída de producción de 70 mil barriles diarios.
La medida se tomó debido a los conflictos con las comunidades de la zona que pondrían en riesgo al personal petrolero. La estatal solicitará el refuerzo de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para resguardar las instalaciones estratégicas.
“Lamentablemente, la producción va a pararse porque la fuerza mayor implica apagar los pozos para defender a los trabajadores y su integridad”, dijo el ministro de Energía, Fernando Santos, en Radio Democracia.
Para el secretario de Estado, no existe un buen escenario para la producción petrolera pues calcula que con esta situación se dejaron de bombear alrededor de 70 mil barriles diarios. Además, el bajo precio del petróleo puede empeorar el panorama.
El precio del petróleo en descenso
El ministro resaltó que, en 2022, el precio promedio del barril era de USD 86 y ahora se lo vende en USD 56. La proforma presupuestaria para el 2023 proyectaba la producción de 52 mil barriles diarios, sin embargo, la producción bajará entre los 480 mil y 490 mil barriles.
También señaló la importancia de llegar a acuerdos respecto a la focalización de combustibles, pues en enero se registraron más costos de importaciones que exportaciones petroleras. Pese a que el consumo de combustible se incrementó en un 30 %, un factor importante y preocupante es el contrabando.
“Nos estamos convirtiendo en la gasolinera barata de los países vecinos”, dijo a diario El Universo.
Justicia en Orellana
Desde el 2022, la Comunidad de Waorani de Dicaro, en Orellana, se mantiene en resistencia por la contaminación causada por la explotación petrolera en su territorio ancestral.
En febrero, Petroecuador culpó a la comunidad de ocasionar el cierre de la válvula de pozo petrolero de la plataforma AMO A. Sin embargo, rechazaron estas acusaciones.
Los afectados afirmaron que desde hace 38 años han vivido el desamparo del Estado, soportando el desprestigio de las protestas pacíficas y las solicitudes de diálogo. Los habitantes de Dicaro señalaron a Repsol como el presunto responsable del acto vandálico. (A.G.M).
