Quito, 25 may (La Calle). – El Colegio de Economistas de Pichincha, ante la posible venta del Banco del Pacífico, anunciada por el presidente Guillermo Lasso, manifestó su preocupación. A través de un comunicado, hizo un llamado al Gobierno para que realice un análisis exhaustivo sobre la conveniencia de mantenerlo como un patrimonio nacional.
El Colegio argumenta que se trata de un Banco del Estado, de capital público, es decir, de todos los ecuatorianos y, por tanto, es patrimonio nacional. «Las declaraciones oficiales en torno a la urgencia de la venta, la determinación de 15 años de sigilo sobre detalles de la transacción, la entrega de información limitada sobre su valoración, el mutismo sobre posibles compradores, entre otros; no
responden a un manejo claro y respetuoso del tema con los ecuatorianos», dice el escrito.
Asimismo, demandan información completa, detallada y transparente sobre todo
el proceso. «El esquema así propuesto genera desconfianza de todos los procesos
de venta, de alianzas público-privado u otros, que involucren bienes y servicios
públicos, en contra de la atracción de inversiones y desarrollo económico del
país», señalan.
Un activo que genera ganancias al país
Explican que las utilidades del Pacífico, respecto del total de utilidades de la banca, habrían sido del 15.9% (USD 447 millones) durante el período de Rafael Correa; del
17.3% (USD 271 millones) en el período de Lenin Moreno y del 10.8% (USD 25 millones) en el 2020, año crítico por la pandemia; ubicándose en segundo puesto, solamente después del Banco del Pichincha.
Argumentan que la relación beneficio-patrimonio es del 15% y ocupa el segundo lugar en activos (13%), de un total de USD 52.399 millones de todo el sistema bancario nacional. «No se trata, por tanto, de un activo infructuoso, todo lo contrario, constituye no solo una importantísima fuente de ingresos para el Estado, sino también un importante hacedor de política pública», sostiene.
De igua forma, dicen que el Banco del Pacífico podría liderar un cambio en la
orientación del crédito a favor del sector productivo en el sistema financiero.
«Su posible venta despojaría al Estado ecuatoriano de un activo único, de un flujo significativo de ingresos y desestima la posibilidad de aprovechar su actividad intrínseca como valioso instrumento de política pública; democratización del capital e inclusión financiera y social; alentar la producción y reducir el desempleo, problemas que se han vuelto críticos en el país», insisten.
