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Baki promueve un convenio con EEUU que viola la soberanía como en el caso Chevron

Quito, 27 feb (La Calle).- La embajadora de Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, aseguró que el gobierno pretende establecer Convenios Bilaterales de Inversión (antes Tratados Bilaterales de Inversión) lo más pronto posible.

“Hay que hacer las cosas rápido, ahora que hay disposición política” y antes de que se instale un nuevo gobierno en el país, señaló Baki en una entrevista.

En junio del 2018, en el contexto de la visita del vicepresidente estadounidense Mike Pence, el gobierno ya había expresado su deseo de reanudar dichos tratados. Sin embargo, no sería la primera vez que Ecuador suscribe un tratado de este tipo.

Correa terminó varios acuerdos de inversión en 2017

El primer TBI con Estados Unidos se firmó en 1993, durante el mandato de Sixto Durán Ballén. Sin embargo, en 2008, Rafael Correa pidió interponer denuncias, no solo contra el tratado con la nación norteamericana, sino también Canadá, China y otros países europeos. En 2009 iniciaron los procesos formales y pasaron ocho años más para terminar definitivamente con estos acuerdos. El 16 de mayo de 2017, Correa emitió decretos para ejecutar dicho finiquito.

Uno de estos tratados, el que se celebró con Estados Unidos, señala en su artículo VII, literal 1, que “toda diferencia entre las partes […] que no se resuelva mediante consultas u otras vías diplomáticas, se presentará […] a un tribunal de arbitraje para que llegue a una decisión vinculante conforme a las normas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional […]”.

Por esta razón, el gobierno de Correa presentó denuncias. Los tratados estaban en contradicción con el artículo 422 de la Constitución del 2008, el cual reza que “no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.

Comisión ecuatoriana determinó los efectos de los TBI de 1993

En 2017, la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (CAITISA) creada por el gobierno ecuatoriano en 2013, señaló en el informe ejecutivo de la auditoría realizada a dichos acuerdos que:

“Los privilegios otorgados a los inversores extranjeros conforme evidencian los TBI han desplazado, en muchos casos, las obligaciones asumidas por el Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos”.

Y que, “si se suman los pagos ya realizados por laudos en base a TBI y gastos de la defensa anotados, la cantidad desembolsada por el Estado ecuatoriano asciende a USD $1.498’045.386, valor que equivale el 5,8% del Presupuesto General del Estado de 2017 y que habría podido ser utilizado en programas sociales y en mayores esfuerzos requeridos para reducir la pobreza en el país”.

Caso Chevron: el efecto más desastroso de los TBI

El informe de CAITISA señala que la empresa Texaco Oil Company, actualmente Chevron Oil Company, “produjo, a causa de sus explotaciones, la liberación de sustancias químicas tóxicas en el ambiente”, además “los datos de suelo del lugar indican que las concentraciones de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH), bario, cobre, cromo y zinc son los suficientemente altas para producir toxicidad en plantas, invertebrados, aves y mamíferos”.

En cuanto a las afectaciones a la salud de los habitantes, se presentan datos de los informes periciales del juicio mencionado. Estos concluyen que Chevron produjo “306 casos de cáncer: de estómago, el 20,27%, de útero 19,6% y leucemia con 9,3%; del total de casos, el 10,2% fueron menores de quince años”.

A pesar de los efectos de su obra en el país, Chevron “presentó ante la justicia interna ecuatoriana 7 juicios, cuya pretensión alcanzaba los 553 millones de dólares”.

Es este el acuerdo que Baki, como parte del gobierno de Lenín Moreno, quiere reinstalar con suma rapidez. Un acuerdo de impunidad cuando de violación a los derechos humanos, laborales o de la naturaleza se trata.