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Ayer por la Nutella, luego por la ley de herencias, ahora por las amnistías

Quito, 13 mar (La Calle).- Volverán a las calles aquellos que, en 2015, protestaron por el incremento del precio de la Nutella y luego por los impuestos a las herencias y la plusvalía. Esta vez será porque no están de acuerdo con las amnistías entregadas por la Asamblea Nacional a líderes políticos, que fueron perseguidos y criminalizados, por las protestas de octubre del 2019.

En un video, el exasambleísta Andrés Páez advirtió que volverán las banderas negras, “porque el Ecuador y Quito están de luto”. Asimismo, dijo que la próxima semana organizarán una gran movilización que siente un precedente contra “estos sátrapas” que pretenden ultrajar la dignidad de todos los ecuatorianos.

Páez anunció que a la 01:45 de este sábado, junto a sus bogados, presentó en la fiscalía de Pichincha una acción constitucional de protección y de medidas cautelares contra «los actos violatorios contenidos en la resolución de la Asamblea Nacional, que aprobó las amnistías».

Páez dijo que este indulto fue indiscriminado y otorgado a “terroristas que sembraron el caos en el Ecuador, durante octubre del 2019”. “No vamos a cesar en nuestro esfuerzo de impedir un despropósito de esta naturaleza”, añadió.

Además, hizo un llamado para que la ciudadanía se una a su causa contra quienes calificó de “delincuentes y terroristas que destrozaron la ciudad y el país y ahora pretenden vivir en la impunidad”.

Los “quiteños de bien” se levantan

Este viernes, un grupo de quiteños anunció que tomarán acciones legales contra la Asamblea Nacional, en rechazo a las amnistías otorgadas a líderes sociales, perseguidos por las protestas de octubre del 2019.

16 representantes sociedad civil y empresarial de Quito sostuvieron que darán «una pelea constitucional» con la intención de revertir la resolución. Además, propusieron la revocatoria del mandato de los 99 legisladores que votaron favorablemente.

Entre los “indignados” está el expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón; el abogado Andrés Castillo Maldonado; el rector de la Confederación de restaurantes del Ecuador, Diego Vivero; entre otros.

Según declararon, pretenden dejar un precedente «para que no exista impunidada favor de quienes, con el paro nacional de 2019, generaron graves afectaciones económicas al país y especialmente a Quito».

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