Quito, 28 de sep (La Calle).- La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó este 28 de septiembre una audiencia para entregar una medida cautelar a la Comandancia General de Policía y al Presidente de la República para interrumpir el derrocamiento de la residencia de cadetes en la Escuela Superior de la Policía (ESP).
El pedido aparece dos días después que el presidente Guillermo Lasso anunció la demolición del edificio denominado “Grayskul” en la ESP, al norte de Quito . Allí se habría cometido el homicidio de la abogada María Belén Bernal.
“Una vez que la justicia, la fiscalía, los jueces hayan obtenido de este edificio todas las pruebas necesarias (…), este edificio será derrumbado, empezaremos a construir en este lugar uno nuevo que inicie un nuevo concepto de la Escuela Superior Policial. Este concepto es inspirado en el respeto a la mujer”, sostuvo el presidente en el acto simbólico el 26 de septiembre.
El Grayskul
El inmueble alberga los dormitorios de los oficiales instructores, consta de cuatro plantas, construcción de hormigón y fachada blanca. Según las pericias, en dicho edificio ocurrió el femicidio de María Belén Bernal el pasado 11 de septiembre. Es importante resaltar que allí se ubicaba el dormitorio del esposo, teniente Germán Cáceres, principal sospechoso y prófugo de la justicia.
Medidas que pide la fiscalía
La entidad solicita que mientras se realizan las investigaciones, el edificio se ponga a disposición de la Fiscalía. El tiempo que durarían las pericias sería de aproximadamente 120 días, tiempo para recabar los indicios del homicidio. Por el momento existen ya dos procesados, Germán Cáceres esposo de la fallecida y Josselyn S., la cadete del centro de formación policial.
Diario el Comercio tuvo acceso a un documento en el que la fiscalía informa que el bien inmueble está involucrado en un delito de acción pública “por tanto está a disposición de las órdenes juridiciales que emitan dentro del proceso penal”.
El Ministerio Público también se pronunció ante lo acontecido y se refirió a lo importante que es mantener el edificio intacto para poder seguir practicando las actividades investigativas. La entidad expresó la necesidad de que “los sujetos procesales puedan acceder, a través de Fiscalía, a la práctica de diligencias necesarias y recabar elementos de cargo y descargo”. (D.P)
