Quito, 08 jul (La Calle).- El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) Wilman Terán informó que cerca de 800 funcionarios de las unidades judiciales de la provincia de Manabí trabajarán de manera virtual, tras el atentado ocurrido en las instalaciones de Portoviejo.
Durante los últimos meses, el sistema judicial ha sufrido diversos ataques y alertas de bomba. El pasado 7 de julio detonó un artefacto explosivo en una unidad judicial de Portoviejo, producto de este hecho resultaron tres personas heridas, entre ellas una menor de edad que sufrió una herida en el ojo y probablemente pierda la visión, según explicó Terán.
La Policía Nacional reportó que la granada fue lanzada desde una calle en la parte posterior de la dependencia judicial, sin embargo, se enredó en un árbol. El hecho ocurrió mientras se desarrollaba una audiencia por el delito de asesinato.
Los trabajadores realizarán sus funciones de manera telemática durante aproximadamente 15 días hasta reforzar los protocolos de seguridad. Además resaltó que existen cinco jueces con amenazas de muerte.
Ataques y más amenazas
El 2 de junio un incendio acabó con la Unidad Judicial Civil y de Trabajo de Esmeraldas. El Consejo de la Judicatura (CJ) denunció que se trataría de un atentado contra la Función Judicial.
A través de redes sociales, el Consejo advirtió que los ataques ocurren en medio de una “campaña maliciosa y mediática”. Sin embargo, aclaró que no permitirá los amedrentamientos de ningún tipo.
Tres amenazas de bomba ocurrieron el 11 de mayo en las provincias de Manabí, Imbabura y Pichincha, en las direcciones provinciales de Quito, Ibarra y Portoviejo. También sucedió una alerta similar en la dependencia de Quevedo, el 24 de mayo. Más adelante, el 20 de junio ocurrió una alerta de bomba en la dependencia judicial de Santo Domingo.
La Judicatura condenó estos actos delictivos y exigió al Gobierno de Guillermo Lasso que garantice la seguridad para los usuarios del sistema de justicia y para los funcionarios judiciales. (A.G.M).
