Quito, 14 de feb (La Calle).- En una jornada marcada por la violencia, un bebé de 11 meses y una niña de 3 años fueron asesinados en las provincias de Manabí y El Oro, respectivamente. Los crímenes, atribuidos a grupos armados organizados reavivan el debate sobre la seguridad.
El primer ataque ocurrió en la parroquia Leonidas Plaza, cantón Sucre, en Manabí, cuando hombres armados dispararon contra un vehículo en el que se movilizaba una familia. Como resultado, murieron Pablo Javier Ureta Bermúdez, de 34 años, y su bebé de 11 meses. La madre del menor resultó herida en el atentado. Sucre es considerado el tercer distrito más violento de la provincia, después de Manta y Portoviejo, y es escenario de una disputa entre los grupos narcoterroristas ‘Los Lobos’ y ‘Los Choneros’.
Horas después, en Huaquillas, provincia de El Oro, una niña de 3 años fue asesinada en un ataque armado que también dejó otras dos víctimas mortales. El hecho ocurrió la tarde del 13 de febrero cuando hombres armados abrieron fuego. La escena del crimen, con el cuerpo de la menor tendido en la vía pública y sus familiares con gritos de desesperación, se viralizó en redes sociales.
¿Y el Plan Fénix?
Ante estos hechos, la Policía Nacional informó que ha desplegado operativos de investigación y rastreo en ambas provincias para identificar y capturar a los responsables. «Condenamos estos actos de violencia y estamos trabajando exhaustivamente para llevar a los autores materiales e intelectuales ante la justicia», indicó la institución en un comunicado.
Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. Aunque el Gobierno reportó una disminución del 15% en homicidios durante 2024, los delitos de extorsión, secuestro y asesinato siguen en aumento. En 2023, el país registró la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica, con 47,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. La violencia atribuida a grupos criminales vinculados al narcotráfico y otras actividades ilícitas dejó una marca devastadora en la población.
Solo en enero del 2025 se reportaron más de 650 muertes violentas, lo que equivale a un asesinato cada hora. La escalada de violencia ha puesto en jaque los esfuerzos gubernamentales por contener la crisis y reforzado las críticas sobre la falta de resultados en materia de seguridad pública.
