Quito, 12 dic (La Calle). – Solo un minuto y 9 votos fueron suficientes para que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, no se atenga a una posible destitución de su cargo.
La tarde del jueves 12 de diciembre, la Comisión de Fiscalización tenía previsto debatir sobre el borrador del informe de juicio político contra Romo.
Apenas inició la sesión, Daniel Mendoza, asambleísta morenista pidió el archivo del juicio político, solicitud que fue respaldada por 9 legisladores.
Según Johanna Cedeño, presidenta de la mesa, explicó que no hay sustento en las acusaciones.
El asambleísta por CREO, Roberto Gómez, al saber sobre esta decisión adelantó que en la próxima semana su bloque iniciará con la recolección de firmas para un nuevo juicio político que lleve a la Ministra a la censura y destitución del cargo.
«Ahora por el tema de las revueltas de octubre donde se usará como prueba el video en el que ella admite que usaron gases lacrimógenos caducados y pide disculpas», resaltó y rechazó el voto de Luis Pachala que dio paso al archivo del juicio político. «Es una vergüenza que Luis Pachala haya votado de esa manera. Él tendrá que explicarle al Ecuador por qué ha blindado a un Ministro de Gobierno que ha perjudicado a la ciudadanía», dijo.
Juicio Político
El martes 19 de noviembre, los asambleístas Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez presentaron una solicitud de juicio político contra la ministra María Paula Romo. Entre las causas estaban: incumplimiento de funciones en el tema de seguridad, crisis carcelaria, mal uso de recursos públicos, y, además, supuesta responsabilidad en casos de femicidio.
El pasado 2 de diciembre, Romo compadeció en la Asamblea Nacional. Empezó por nombrar las funciones que competen a un Ministro de Gobierno. Dijo que quien comanda los operativos, debe tener 35 años de experiencia en la función y aunque estén regulados por el Ministro de Gobierno, “no me corresponden a mí las funciones operativas, hacerlo sería una falta de respeto a la institución”, agregó.
Sobre la falta de actuación de la Policía Nacional en el caso de femicidio de Diana Carolina en Ibarra, Romo expresó que los servicios de emergencia atienden 100.000 casos de violencia de género y que no pueden juzgarle por uno que salió mal.
Al respecto de la crisis carcelaria, dijo que no es un tema que le compete pues “hace 37 años que el Ministerio de Gobierno no se encarga de la seguridad de las cárceles”.
“Soy una autoridad de gobierno, la policía se encarga de mi seguridad 24 horas, 7 días durante todo el año. Se extiende a quiénes son parte de mi familia. Ese es el protocolo”, enfatizó.