Quito, 06 jun (La Calle).- La asambleísta por la bancada de Revolución Ciudadana, Verónica Guevara, presentó el 5 de junio, una denuncia en contra del asambleísta morenista Daniel Mendoza para solicitar su destitución.
La petición la realizó después de la detención del legislador oficialista por el presunto delito de delincuencia organizada en la construcción del Hospital de Pedernales.
En el documento, la legisladora se fundamenta en las prohibiciones constantes en los numerales 2 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
¿Qué dice la Ley?
Según el numeral 2 del artículo 163, los asambleístas no pueden «ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional». Además, el numeral 4 niega que los legisladores puedan «percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta».
Si los parlamentarios incurrieran en las prohibiciones, otro legislador podrá presentar una denuncia juramentada, debidamente motivada, dirigida al presidente del Legislativo, César Litardo.
Posteriormente, Litardo lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa para, en el plazo máximo de cinco días, calificarlo.
Así, el pleno del Legislativo conformará una Comisión Multipartidista de investigación, con un máximo de tres asambleístas que deberá emitir un informe al Pleno en el plazo de hasta diez días. En ningún caso, ésta Comisión Multipartidista presentará su informe sin que el asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que no se presente en el plazo de tres días.
El pleno escuchará al asambleísta, después de conocer el informe.
Casi a la medianoche del mismo día, el juez Marco Rodríguez ordenó prisión preventiva en contra de Mendoza y cuatro procesados más por la misma investigación.
