Quito, 24 mar (La Calle).- La Comisión de Fiscalización y Control Político, actualmente presidida por el correísmo, no lograría tramitar los juicios políticos en contra de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez; el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy; y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo. Esto se debe a que los plazos no alcanzan, ya que el actual periodo legislativo termina el próximo 13 de mayo.
En curso: proceso contra exsuperintendenta
Por ahora, la comisión se encuentra tramitando el juicio político contra Sofía Hernández, exsuperintendenta de Economía Popular y Solidaria. A ella se la acusa de incumplimiento de funciones por no ejercer los controles adecuados sobre las organizaciones del sector no financiero. También se le señala por la falta de supervisión a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Cámara de Comercio de Ambato, y por haber emitido una resolución que habría dejado sin control a las cajas comunales.
El asambleísta Xavier Jurado, de la bancada ADN, presentó la solicitud de este juicio.
El proceso contra Hernández, continúa su curso en la Comisión de Fiscalización. Actualmente se encuentra en la fase de contestación a las acusaciones políticas y la presentación de pruebas de cargo y descargo. Este periodo tiene un plazo de quince días que concluirá el 4 de abril.
Luego, se abrirán diez días adicionales para la actuación de las pruebas, etapa que finalizará el 14 de abril. Una vez cumplido ese plazo, la comisión tendrá cinco días más para aprobar un informe que recomiende o no el inicio del juicio político en contra de la exfuncionaria. Ese informe deberá emitirse a más tardar el 19 de abril.
El juicio contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez.
A partir del 20 de abril, la Comisión de Fiscalización, presidida por la asambleísta Pamela Aguirre (RC), podrá conocer el pedido de juicio político contra la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez. Señalan a la funcionaria por seis presuntos incumplimientos de funciones, relacionados con el sumario administrativo que suspendió por 150 días a la vicepresidenta Verónica Abad.
Las asambleístas Jahiren Noriega (RC), Carla Cruz (PSC), Mariana Yumbay (PK) y Cristina Chávez, alterna de SUMA por Cotopaxi, presentaron esta solicitud. Si la comisión califica el juicio, iniciará la fase de contestación de las acusaciones y presentación de pruebas. Sin embargo, por los plazos establecidos en el procedimiento, no se alcanzará a completar la siguiente etapa —la actuación de pruebas— ya que se requiere un periodo de diez días que excede el 13 de mayo, fecha en que culmina el actual periodo legislativo.
Con esto, el proceso quedará a medio camino y será la próxima Asamblea Nacional la que deberá retomarlo y decidir si recomienda el juicio político ante el pleno o archiva la solicitud. Sin embargo, la polarización que se prevé en el nuevo Parlamento dificultará que los legisladores reúnan los 101 votos necesarios para censurar y destituir a la ministra.
Juicio político pendiente contra el presidente del Consejo de la Judicatura
La siguiente solicitud de juicio político pendiente de trámite en la Comisión de Fiscalización corresponde al presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Este pedido fue planteado por los legisladores de la bancada Construye, Jorge Peñafiel y Camilo Salinas.
Los legisladores acusan a Godoy de un presunto incumplimiento de funciones por vulnerar el principio de independencia judicial, al supuestamente intimidar y amenazar a la jueza Nubia Vera Cedeño. La magistrada denunció que la presionaron para emitir una sentencia desfavorable en la acción de protección que presentó la vicepresidenta Verónica Abad, con la intención de anular la sanción de suspensión por 150 días sin sueldo que le impuso el Ministerio del Trabajo el 8 de noviembre de 2024.
La actual Comisión de Fiscalización no alcanzará a conocer este pedido, por lo que la nueva comisión deberá abordarlo en el próximo periodo legislativo como parte de los casos pendientes.
Juicio pendiente contra el ministro de Defensa y casos suspendidos
El tercer juicio político ya calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) que deberá ser conocido por la Comisión de Fiscalización en el próximo periodo legislativo fue presentado por el asambleísta Héctor Valladares. El pedido es en contra del ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, a quien se acusa de un posible incumplimiento de funciones relacionado con la “desaparición forzada” de cuatro menores de edad en el sector de las Malvinas, en Guayaquil, tras un operativo militar realizado el 8 de diciembre de 2024.
Además, cabe recordar que también se encuentran suspendidos los juicios políticos contra los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y contra jueces electorales del Tribunal Contencioso Electoral. Estas suspensiones se deben a que el país se encuentra en un proceso electoral, y la ley impide que los representantes de esa función del Estado sean enjuiciados mientras duren los comicios.
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