Quito, 20 dic (La Calle).- La Mayoría Legislativa denunció un intento de golpe de Estado y la Ruptura del Estado Constitucional de Derecho en Ecuador debido a los últimos desacuerdos entre la Asamblea, el Consejo de Participación Ciudadana y el Gobierno.
Miembros de los bloques de UNES, Izquierda Democrática, Pachakutik y el Partido Socialcristiano, a través de un comunicado, expresaron su disconformidad con las recientes respuestas y posiciones del Gobierno.
Por una parte, denunció la constante intromisión de otras Funciones del Estado en las decisiones del Legislativo. Además, remarcaron su respaldo en el artículo 131 para llamar a juicio político contra los cuatro consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
También mencionaron el desacato de los consejeros al presentar más de seis acciones de protección en su necedad de permanecer en sus puestos, que fue aceptada por el juez Ángel Lindao. “Cayó en manos de un juez que ya fue desacreditado por actos dudosos y reñidos con la ley”, refirieron.
Desacuerdo a la respuesta del Gobierno
Además, rechazaron la postura del Gobierno Nacional al emitir el comunicado donde criticaba el accionar de la Asamblea al no presentarse en la posesión del superintendente de Bancos el domingo 18 de diciembre.
“En lugar de rechazar tales acciones, una vez más, pretende lacerar al Estado Constitucional de Derecho auspiciando y avalando estas medidas judiciales contrarias a la Constitución, que atentan arbitrariamente contra la democracia y que carecen de eficacia jurídica”, detalla el comunicado.
En cuanto al accionar del juez Ángel Lindao enfatizaron que agotarán todas las medidas jurídicas, políticas y administrativas nacionales e internacionales.
“Convocamos a las Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, al Parlamento Andino, a la Organización de Estados Americanos, al Mercosur y a la Corte Interamericana de Derechos Humano, a que visiten Ecuador para que puedan verificar las violaciones al orden constitucional”, reiteraron.
Una primera advertencia…
La mayoría legislativa emitió un primer comunicado el pasado 18 de diciembre, en este se negaban a reconocer a Roberto Romero como el nuevo superintendente de Bancos. Aseguraron que esta designación respondía a la «intromisión de un juez desacreditado (poder judicial) en la Primera Función del Estado».
Los asambleístas rechazaron y advirtieron el «ridículo» abuso de derecho con el que se pretende utilizar la justicia para beneficiar a Romero como titular de la Superintendencia de Bancos. Esta designación dada por el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) es un proceso que «carece de legitimidad», dijo la Asamblea Nacional.
Respuesta del Gobierno Nacional
El Ministerio de Gobierno acusó que la decisión de la Asamblea de no presentarse a la sesión 833 es una “omisión que no solamente denota indiferencia e indolencia (…) sino que irrespetar y desacata de forma expresa decisiones judiciales y constitucionales”, reza el comunicado. (N.J.C)
