Quito, 20 jul (La Calle).- La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional aprobó este lunes el calendario de trabajo para iniciar la fiscalización de los casos de obtención de carnés de discapacidad de manera ilegal por parte de asambleístas y sus familiares.
Miembros de la Comisión exigieron «que se apliquen las sanciones máximas a las personas responsables de la red de corrupción instaurada en los centros de salud del Ministerio de Salud Pública que a la fecha se encuentran en procesos de investigación penal. Servidores públicos quienes han usufructuado del otorgamiento de carnés de discapacidad sin el cumplimiento de los requisitos que la ley determina», según el boletín de prensa de la Asamblea.
La Comisión indagará el proceso de entrega de carnés a asambleístas y sus cónyuges desde el año 2013, «fecha en la que el Ministerio de Salud asumió la competencia según la Ley Orgánica de Discapacidades», pero con énfasis en los documentos entregados desde el 1 de enero de 2020. Entre los comparecientes están autoridades de salud, entre ellas el ministro Juan Carlos Zevallos, autoridades tributarias y autoridades encargadas de controlar a importadoras y comercializadoras de autos.
El proceso iniciará este martes, 21 de julio con la comparecencia del presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS), la directora Nacional de Discapacidades del Ministerio de Salud Pública y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Desde el Ministerio de Salud Pública (MSP) se informó que al menos 2.281 carnés de discapacidad se emitieron de manera ilegal durante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. Muchos de ellos fueron usados por asambleístas para importar autos con exoneración tributaria. Mientras tanto, los ciudadanos con discapacidad denuncian la larga espera que significa para ellos la obtención del carné.
Víctor León, presidente de la Asociación de personas con discapacidad del Guayas, considera que el casi medio millón de personas con discapacidad del país deberían alistar recursos legales en contra del Estado. “Para una persona natural (de a pie) es imposible sacar un carné. Conocemos que para obtenerlo hace falta desembolsar entre dos mil y dos mil tres cientos dólares”, dijo el representante en el noticiero La Ventana de Radio La Calle.
Además, el pasado 17 de julio empleados denunciaron que entidades bancarias tramitaban la obtención ilegal de carnés de discapacidad, para evitar contratar el 4% de personas discapacitadas que dicta la ley. La presunta tramitación se realizaba a través de hospitales del Ministerio de Salud en Guayaquil. Los carnés se obtenían para empleados de algunas ciudades del país, “de preferencia los que usaban lentes”. Los funcionarios se veían obligados a formar parte de este acto ilegal por miedo a perder su trabajo. Los denunciantes aseguran que este trámite tendría un costo de hasta USD 1.500.
