Quito, 8 sep (La Calle).- La ministra de Gobierno María Paula Romo solicitó al Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional calificar el pedido de juicio político en su contra. La diligencia acusa a la funcionaria por los hechos violentos en el paro nacional de octubre de 2019. Esto, para María Paula Romo son un pretexto de sus enemigos políticos.

En enero de 2020, los legisladores Roberto Gómez (exCREO) y Amapola Naranjo (RC) presentaron la solicitud de juicio político. Sin embargo, el mismo presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, no convocó al CAL para iniciar el proceso.

La funcionaria admitió que no es la primera vez que solicitan el juicio político en su contra por los hechos violentos sucedidos en las protestas de octubre. Según el registro de la Defensoría del Pueblo se registraron “8 personas fallecidas a escala nacional, siendo Pichincha la provincia con la mayor incidencia” resultado de los enfrentamientos y la represión policial.

Romo alegó que a pesar de responder a las preguntas del Legislativo, “hay voces que insisten en la calificación de este juicio”. Según la ministra, es resultado de su gestión. “No me perdonan haberlos enfrentado y denunciado” agregó.

Según un tuit publicado en su cuenta oficial, María Paula Romo comparecerá ante la Asamblea las veces que requiera. Sin embargo, los antecedentes dicen algo diferente. A pesar de recibir las convocatorias de comparecencia en ocasiones anteriores, la funcionaria logró evadir la función fiscalizadora de la Asamblea.

Exceso policial en las movilizaciones de octubre de 2019

El proceso propuesto por los asambleístas Gómez y Naranjo responde a diferentes causas. Entre ellas, se menciona el exceso policial, el uso de bombas lacrimógenas caducadas, el ataque a centros de paz y el incumplimiento de funciones al convocar de forma tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Esto último a propósito de las agresiones que sufrieron los periodistas que cubrían los sucesos de octubre.

Ahora la solicitud pasará a la Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso de recepción de pruebas y testimonios. El proceso también contempla el juicio en contra del implicado en actos de corrupción por fraude al CONADIS y el presidente del Consejo de Participación (CPCCS), Christian Cruz.

Un poco antes de la aprobación de la solicitud, la ministra Romo colgó en sus redes sociales un video sobre la carta enviada al CAL. En él, pide que califiquen el juicio político en su contra. Para la ministra, el proceso se da porque es “incómoda” para muchos sectores políticos. (AB)

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