Quito, 14 jun (La Calle).- Tras la disolución de la Asamblea Nacional el 17 de mayo, el Palacio Legislativo es un fantasma que sigue en pie. Actualmente se encuentran laborando 228 funcionarios, es decir, hubo una reducción de más de mil servidores públicos.
Según los registros oficiales, hasta finales de abril constaban en el directorio 1.323 funcionarios, entre asambleístas, asesores, chóferes, secretarios, entre otros. El último recorte de información apuntó que al terminar el mes de mayo la nómina tenía un registro de 228 trabajadores, en su mayoría del área administrativa.
Respecto al presupuesto destinado al Legislativo existe una brecha marcada antes y después de la muerte cruzada. Para este período estaban destinados alrededor de USD 50 millones anuales.
Ahora, el monto se redujo a más de USD 26 millones, sin embargo, aún no se sabe si existirá una variación después de la posesión de las nuevas autoridades que estarán al mando hasta el 2025.
¿Contradicciones?
A finales de mayo, el administrador general de la Asamblea, Miguel Pesantez, afirmó que dentro del edificio Legislativo hay personal “para que la Asamblea se mantenga y siga funcionando”. Además, explicó a La Hora que el funcionamiento administrativo debe continuar aunque el área legislativa dejó de operar.
Además, se tenía previsto que únicamente 88 funcionarios continúen con sus funciones en la institución. Dentro de este grupo estaba el personal de carrera que mantenía nombramiento. De la misma manera, se respetaría al personal vulnerable, es decir, a personas con discapacidad y mujeres que están en período de lactancia.
Las liquidaciones
El administrador también manifestó que los ex asambleístas recibirán USD 4 mil en promedio por liquidación, tras la disolución de la Asamblea. Los valores por liquidación de cada legislador podrían variar. Recalcó que los funcionarios “por su puesto que tienen derecho” a recibir liquidación. (A.G.M).
