Quito, 23 abr (La Calle).– La Asamblea Nacional aprobó este 14 de abril la Ley Orgánica de Tratados y Acuerdos Interinstitucionales Internacionales. La moción fue aprobada con 123 votos favorables y 9 en contra.
Dos asambleístas de UNES, Ana María Raffo y Mónica Palacios; la exPachakutik, Mireya Pazmiño y otros 6 legisladores de esta bancada: Fernando Calo, Joel Abad, Mario Ruiz, Stalin Pereira, Patricia Sánchez y Fernando Cabascango, fueron quienes votaron en contra.
La ley propuesta por el legislador oficialista, Juan Fernando Flores, contó con votos de CREO, el Partido Social-Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID) y las mayorías de UNES y Pachakutik.
Según expertos, esta ley abre el camino a los proyectos de privatización del Gobierno.
De acuerdo al artículo 3 de esta nueva la ley, la firma del primer mandatario o sus delegados bastaría para concretar acuerdos, convenios o tratados de carácter internacional. Es decir, no necesitaría aprobación de la Asamblea Nacional. El artículo 4 solo estipula que debe notificársele a la Asamblea de estos acuerdos en casos de ratificación.
La Asamblea no tendrá ni idea de los nuevos tratados
La Asamblea ni siquiera será informada de estos acuerdos previamente, pues no contará con jurisdicción en su debate u aprobación. Todo quedaría en manos del Gobierno o ‘representante’ que decida llevar a cabo el “convenio”. El Gobierno simplemente notificará estos movimientos al Ministerio de Relaciones Exteriores por “razones de registro”.
El ‘representante’ del Estado aparece en el artículo 10 de la nueva ley como una persona que solo represente al Estado Ecuatoriano, sin contar con una autorización previa para firmar cualquier tratado, validándolo por medio de esta precisión. Además, el artículo 26 promueve los arbitrajes internacionales como el del CIADI.
Faltaron tres firmas para lograr la autoconvocatoria en la Asamblea
Actualmente, el artículo 422 de la constitución prohibe que cualquier institución púclica ceda o se someta a la soberanía de arbitrajes internacionales. Sabiendo esta prohibición, presumiblemente el Ejecutivo pretende vetar parcialmente la ley para incorporar las contradicciones más tarde. Rechazar el veto parcial requiere de 92 votos.
Actualmente, el presidente de la República, Guillermo Lasso, promueve una campaña de ‘seguridad jurídica’ para “atraer inversiones extranjeras”, lo mismo que constaba en su llamada “Ley de Inversiones” donde pretendía privatizar recursos e infraestructura pública.
