Quito, 21 dic (La Calle).- El Gobierno de Argentina solicitó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para autorizar el asilo político a la exministra de Correa, María de los Ángeles Duarte.
La Cancillería argentina presentó una medida cautelar en favor de Duarte para que el régimen de Guillermo Lasso otorgue el salvoconducto que le permita salir del Ecuador junto a su hijo.
El canciller de ese país, Santiago Cafiero, firmó la presentación ante la CIDH que pide la intervención del organismo interamericano. Según expresó, la República del Ecuador debe dar cumplimiento a su obligación de otorgar un salvoconducto, de conformidad con las obligaciones consagradas en la Convención de Asilo Diplomático de 1954, y el deber de cooperación entre Estados en la promoción y observancia de los derechos humanos».
Argentina dice…
El Gobierno de Alberto Fernández argumenta que la decisión está amparada en la opinión consultiva 25/18 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta expresa que el «principio de no devolución puede verse involucrado en caso de que personas que hayan ingresado a una embajada sean entregadas a las autoridades del Estado territorial».
En este sentido, afirman que «la devolución, como concepto autónomo y englobante, puede abarcar diversas conductas estatales que impliquen poner a la persona en manos de un Estado en donde su vida, seguridad y libertad estén en riesgo de violación a causa de persecución o amenaza de la misma».
El principio de no devolución refiere a un marco legal que evita la restitutción de una persona al territorio en el que peligra su libertad por motivaciones políticas, reseñó Página 12.
Con base en este principio, la Cancillería argentina considera que no basta con que el Estado ecuatoriano se abstenga de violar dicho principio, sino que es necesaria la adopción de medidas positivas para resguardar la integridad de Duarte.
Finalmente, también esgrimió que Argentina otorgó el asilo diplomático a la exministra de Correa «en razón del agravamiento de su situación humanitaria (y la de su hijo)».
Ecuador dice…
El Gobierno de Lasso negó el salvoconducto para Duarte segurando que la convención de 1954 no contempla el asilo por delitos de corrupción. En abril de 2020, la exministra fue procesada y condenada a ocho años de prisión por cohecho en el denominado caso Sobornos.
Por esta razón, la Cancillería del Ecuador rechazó el asilo diplomático. El expresidente Correa se pronunció frente a la decisión del canciller Juan Carlos Holguín. Señaló que el ministro desconoce de normas internacionales y que «el caso Sobornos es el paradigma del lawfare (guerra jurídica y mediática), y el mundo lo sabe».
Réplica de Argentina
Argentina expuso que «si bien Ecuador hizo referencia a la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupcón y la Convención Interamericana contra la Corrupción», tales recursos no deberían servir debido a esas medidas «norman la cooperación jurídica internacional que Ecuador no ha procurado hacer valer en ingún momento». Además, añadió que cacece de relación material y procesal con el instituto del asilo pertinente.
María de los Ángeles Duarte permanece alojada en la residencia oficial argentina en Quito, en carácter de «huésped por razones humanitarias» desde el 12 de agosto de 2020. Duarte fue ministra de Transporte y Obras Públicas y de Desarrollo Urbano y Vivienda durante los mandatos de Rafael Correa (2007-2017).
