Quito, 15 ene (La Calle).- La Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció que individuos ajenos a los planteles educativos ingresaron a las charlas virtuales -durante las actividades del 10, 11 y 12 de enero- para amenazarlos.
El presidente de la UNE, Andrés Quishpe, indicó para La Calle, que las instituciones que fueron víctimas de estos hechos se encuentran ubicadas en las ciudades de Guayaquil, Esmeraldas y Manabí. Además, solicitó una reunión con el Ministerio de Educación. Dicha entidad delegó a algunos funcionarios, pero no han recibido una respuesta de confirmación.
El colectivo instó a la cartera de Estado a realizar un seguimiento exhaustivo de estos casos para dar con los responsables y esclarecer los protocolos necesarios. «Son las familias y el magisterio quienes están garantizando que la educación no se detenga, mientras que el Ministerio solo emite acuerdos», expresó.
Otras peticiones
La UNE solicitó que las clases virtuales se mantengan hasta que se definan los protocolos y las condiciones necesarias para impartir clases. Además, pidió que se bajen las tarifas de internet y energía eléctrica al 50% de su costo en hogares donde se registren estudiantes.
También expusieron la idea de fomentar acuerdos con empresas tecnológicas para que puedan acceder a computadoras, celulares o tablets a precios accesibles. Según la organización, varios estudiantes no se presentaron a clases por problemas de conectividad.
«Es necesario que se declare en emergencia a los sectores de educación y salud con el fin de incrementar presupuestos y priorizar políticas y sociales», alegó.
Finalmente, recalcó la importancia de trabajar en planes de riesgo para que las escuelas sepan cómo actuar ante coches bomba, amenazas o atentados.
Alguna vez hubo el «Plan Escuela Segura»
En la administración del expresidente Guillermo Lasso y la titularidad del Ministerio en manos de María Brown, se implementó lo que sería el «Plan Escuela Segura». Un proyecto que se supone reduciría los niveles de inseguridad en 220 escuelas del país.
Sin embargo, hasta el 23 de noviembre de 2023, fecha en la que todos los funcionarios se despidieron del poder, no se evidenciaron los resultados del plan. El proyecto tendría el apoyo del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
