Quito, 24 oct (La Calle).- El presidente Guillermo Lasso envió la nueva terna para el puesto de Superintendente de Protección de Datos. No sorprende que uno de los nombres sea el de su fiel compañera de gobierno, Viviana Maino, actual ministra de Telecomunicaciones.
La lista la encabeza Maino, le sigue el exasambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Dennis Gustavo Marin Lavayen y, finalmente, la abogada María Alexandra Maldonado Navarro.
Luego de que Lasso decretara la muerte cruzada en mayo de 2023, tanto la Asamblea Nacional como el gabinete y círculo cercano del primer mandatario tenía que despedirse de Carondelet. Sin embargo, no puede «desamparar a quienes estuvieron a su lado en todo momento», pues la ministra se ha mantenido desde el primer día junto al jefe de Estado.
Además, este no es el primer intento de dejar a Maino en un cargo público. El pasado 2 de junio, envió otra terna en la que estaba la cabeza de la cartera de Estado en la lista para el mismo cargo.
¿De qué se encarga?
La Superintendencia de Protección de Datos se encarga de sancionar a las empresas responsables o sus encargados del manejo de datos personales. Luego del 26 de mayo de 2023, las empresas públicas o privadas pueden recibir sanciones administrativas y multas desde el 1 % de la facturación anual si incumplen la Ley de Protección de Datos Personales del 26 de mayo de 2021.
Una salpicadita…
El gobierno de Lasso fue acusado de mantener supuestos vínculos con la mafia albanesa. El exministro del Interior, José Serrano difundió otras conversaciones en las que también se involucraría a Maino con esta red de corrupción.
Serrano mencionó que la mafia albanesa habría coordinado una reunión con la ministra para abordar temas de “seguridad informática” en el país.
En una conversación del 14 de agosto de 2021, “HD le dice a Rubén Chérres que un extranjero y una tercera persona con la que almorzaron fueron a ver a la funcionaria”.
El exministro aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional no ha investigado ni el 20 % del resumen de las conversaciones. Según él, aún falta que se publique la información sobre “los progresivos” de otras llamadas telefónicas que constan en el expediente.
