Quito, 17 ago (La Calle). – La expresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida dijo que su destitución como autoridad del Consejo y la anulación del nuevo superintendente de Bancos obedecen a intereses políticos del Gobierno.
«Desde que yo estaba de presidente habían expresiones para que se haga lo que el Gobierno Nacional quería y como no sucumbimos ante estas presiones me removieron del cargo de presidenta utilizando a la jueza Larissa Ibarra. Justamente la misma que anula la designación de Raúl González como superintendente de bancos», dijo la autoridad.
Ingerencia de Caicedo
A partir de estas decisiones se han generado varios delitos: un posible tráfico de influencias del señor Aparicio Caicedo al CPCCS por los audios donde amenaza a González si va a presentar su plan de trabajo diciendo que «ya va a ver lo que va a pasar».
Almeida expresó que lo mismo le dijo Caicedo a su asesor Alejandro Gallo que «si no se hacía lo que él decía en la designación de contralor y miembros del Consejo Nacional Electoral, ella saldría de la presidencia» y eso sucedió por parte de Ibarra, quien es una jueza cuestionada.
El trabajo de revisar si los nuevos integrantes de la terna de superintendente cumplen los requisitos ya está en marcha, pero los demás integrante del CPCCS no fueron avisados como la ley indica. «Todo el proceso se realizó de forma irregular. El Gobierno debe respetar la designación porque no tienen nada que ver después de enviar la terna», expresó.
Destitución de la Presidencia
La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional determinó, en un informe, irregularidades en la designación de Hernán Ulloa como presidente del CPCCS. Dicho documento se entregará a la Fiscalía General del Estado.
Personalmente, Almeida interpuso una demanda por violencia de género contra los cuatro consejeros que la destituyeron. «Antes del 9 de febrero, había recibido ataques en mi contra. Los consejeros dijeron cosas que no estaban apegadas a la verdad y manchando mi honra. Me he reservado el derecho de seguir las acciones legales cuando lo considere pertinente». MIB
