Quito, 31 ene (La Calle).- La asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Gissela Garzón indicó que el nuevo informe sobre alterativas «para combatir el crimen organizado y la crisis social económica» enviada por el presidente Daniel Noboa propone que se grave un impuesto del 3.3 % para profesionales y servidores del sector público y privado que ganen USD 1000 o más.
El documento se debatirá el miércoles 31 de enero de 2024 a las 17:00 en la mesa legislativa. Para el cobro de este nuevo impuesto, el informe solo ubica una temporalidad de uno hasta ocho meses seguidos.
La asambleísta objetó que mientras se pretenda implementar un doble impuesto a los ecuatorianos, el Servicio de Rentas Internas (SRI) pierde recursos por la mala recaudación y el pésimo proceso que lleva.
Por otra parte, la jefa de bancada del oficialismo, Valentina Centeno, apuntó que la idea fue propuesta por gremios y grupos de profesionales de diferentes sectores. Según ella, la bancada no aprobará esta propuesta que afecta al bolsillo de los ecuatorianos.
«Se cumplirá el deber democrático y esperaremos a la votación de nuestros colegas en el debate de esta tarde, pero nosotros también cumplimos con el deber de acoger las propuestas de las personas», dijo a los medios de comunicación.
Supuestamente ya acogieron cambios
El pasado 27 de enero en el primer debate del proyecto, Centeno indicó que supuestamente aceptaron ocho de diez recomendaciones que hicieron los legisladores. No obstante, Garzón señaló que las acogieron de manera parcial. Un ejemplo claro es la reducción del 25 % al 15 % a las utilidades de la banca.
La legisladora señaló que en el informe de minoría que presentó la bancada plantaban un impuesto de hasta el 35 % para la banca. Sin embargo, los responsables del informe decidieron reducirlo en un 10 %.
«A los que ganan USD 1000 le gravan un impuesto y a los que ganaron extraordinariamente en pandemia les restan ese tributo», resaltó.
Allí no acaban las «sorpresas»
En ese mismo informe se plantea la eliminación de la contribución de los grandes contribuyentes del país, pero se incluye en el proceso de cobro a las cooperativas de ahorro y crédito. Repitió que es ilógico que las entidades que menos perdieron -desde la pandemia- sean exoneradas de pagar, pero los ciudadanos que perdieron todo -en el peor de los casos- tengan que «arrimar el hombro».
«El caso de todo esto es que la banca sigue ganando, pensamos que al cambiar de presidente y dejar de tener uno banquero tendríamos otra perspectiva, pero no (…) Ellos alivian sus cargas, mientras la clase media se ve afectada», aludió.
¿Qué pasara luego del estado de excepción?
El estado de excepción tiene un límite de 61 días, posterior a eso las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional dejarán las calles. Ante este suceso, Garzón cuestionó el lugar a dónde irán los recursos que ahora se emplean en las fuerzas del orden.
Detalló que su informe prestaba la posibilidad de recaudar USD 2.300 millones, pero el régimen no lo ha tomado a consideración. Además, mencionó que el retraso de cobro de sueldos a los servidores públicos, más la suspensión del sector turístico y el aforo en los partidos de fútbol empeorarán la economía.
«Además, con el atraso de sueldos, la banca va a esperar para cobrar o los impuestos y las multas se van a seguir generando», expresó.
IVA y canasta básica
«Quiero creer que es desconocimiento y no mala fe, porque quienes tomamos las decisiones sabemos que los impuestos se aplican de acuerdo a la progresividad y el IVA no pertenece a este caso», dijo.
También, señaló que pese a que el presidente Noboa alude que este incremento no golpeará a la clase media, sí afectará al precio de la gasolina y con eso el valor de todos los productos en el país. Argumentó que si el jefe de Estado no quiere tener las mismas consecuencias que su antecesor Guillermo Lasso, debe aplicar medidas económicas y políticas diferentes.