Quito, 11 may (La Calle).- El presidente Guillermo Lasso presentó la reforma a la ley tributaria que impulsó en 2021. Ahora, aseguró que la Asamblea Nacional tiene 30 días para dar una respuesta a los ecuatorianos.
Según Lasso, con el nuevo proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Lefam), se beneficiarán cerca de 340 mil familias. Sin embargo, en diciembre de 2022, vetó la ley que aprobó el Legislativo para derogar este decreto-ley.
En medio del incierto futuro del presidente por el juicio político, el proyecto supuestamente reduciría el impuesto a la renta de los ecuatorianos y deducirá los gastos personales de USD 15,294.
«El Gobierno Nacional siguiendo la estrategia de orden fiscal y alivio social continúa reduciendo impuestos, para fortalecer la reactivación de la microeconomía y a la familia ecuatoriana», reza el comunicado.
Lasso y el ministro de Economía, Pablo Arosemena, se negaron a dar de baja a la ley porque, según ellos, respondía a aspectos inconstitucionales y demagógicos.
“Exigir más gastos y eliminar su financiamiento es remar en contra del bienestar ciudadano”, expresó Arosemena en su cuenta de Twitter, en ese momento.
Ahora sí importa la clase media
Arosemena enfatizó que estos cambios servirán para «adaptarse» a la realidad de cada hogar. Comentó que con esto cerca de USD 195 millones «se quedarán en los bolsillos de los ecuatorianos».
Tiempo atrás, la Conaie advirtió que el incremento a los impuestos para las personas de clase media disminuirá el consumo, las ventas y habría menos incentivos para la producción y la recuperación económica que afectará a la sostenibilidad de las industrias y los comercios.
También detallaron que ese proyecto no responde a las necesidades de recuperación económica y generación de empleo tras la pandemia. “El Proyecto de Ley es un intento por brindar mayores privilegios al capital financiero en contra de toda la economía real”, anunció la organización.
Antes no decía lo mismo
El pasado 27 de diciembre de 2022, Lasso vetó totalmente la ley aprobada por la Asamblea para derogar el Decreto-Ley Orgánico para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia por Covid-19. Según el mandatario, consideró la decisión como “inconstitucional e inconveniente”.
El jefe de Estado afirmó que la resolución del Legislativo no tiene validez porque el Gobierno no fue quien impartió este decreto. Según él, esa reforma fue la recopilación de proyectos-ley propuestos por otros asambleístas.
Además, remarcó que como jefe de Estado es el responsable de la administración pública, por lo que “guste o no la Constitución ha asignado la responsabilidad sobre la planificación de las finanzas públicas y su administración al Ejecutivo, dotándolo de herramientas y competencias muy amplias al respecto”, reza el documento.
Ley de Desarrollo Económico
La propuesta aprobada por decreto-ley entró en vigencia desde el 29 de noviembre de 2021. Lasso presentó este proyecto con “carácter económico urgente” debido a la situación que atravesaba el país por la pandemia de la Covid-19.
El Parlamento arrojó varias observaciones al informe emitido por Lasso, sin embargo, el Legislativo hizo caso omiso a las observaciones enviadas por las minorías.
Además, criticaron que el proyecto de ley daba impunidad a los grandes empresarios que no pagan impuestos; pretendía blanquear los paraísos fiscales; y golpeaba los bolsillos de los ecuatorianos de clase media (trabajadores, agricultores, indígenas y pueblos afrodescendientes). (N.J.C)
