Quito, 15 nov (La Calle).- Los organismos de Derechos Humanos pertenecientes a la Alianza contra Las Prisiones advierten que Ecuador no vive ya una “crisis» carcelaria, sino un claro proceso necropolítico que extermina a la gente despojada y destituida de la sociedad: jóvenes, personas pobres, migrantes, mujeres trans, gente con discapacidad, personas encausadas sin sentencia.
“Entre las personas ejecutadas por la omisión del Estado, están las poblaciones urbanas empobrecidas que han luchado en sus barrios y desde sus propias trincheras en octubre de 2019, pero que la justicia estatal decidió nombrar como delincuentes (…) Entre las personas ejecutadas por la omisión del Estado habría estado Helen, una mujer trans (…) Victor Guaillas, defensor del agua y derechos de la naturaleza, criminalizado por protestar en octubre del 2019. Él no tenía sentencia firme (…) Así también fueron asesinadas numerosas personas sin sentencia ejecutoriada, es decir, jurídicamente inocentes”, argumenta el organismo en un comunicado.
Denuncian la inacción del Gobierno de Guillermo Lasso, reiterando que pasaron siete horas entre el primer pedido de auxilio, por parte de las personas encarceladas, y la orden gubernamental de intervenir en la Penitenciaría del Litoral.
Asimismo, reprochan que mientras los privados de libertad eran asesinados, varios representantes del gobierno y de la derecha ecuatoriana se encontraban en un evento del cuerpo diplomático militar de los Estados Unidos, celebrando el aniversario de los marines.
“En esas 7 horas de inacción estatal, el gobierno de Guillermo Lasso condenó a muerte, en comisión por omisión, a por lo menos 68 internos en un país donde la pena capital está proscrita. Durante esas 7 horas las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales transmitieron en redes sociales la desgarradora espera de sus verdugos, quienes tuvieron tiempo suficiente para romper más de una docena de paredes con tacos de dinamita, a los cuales nunca debieron tener acceso”, enfatizan.
También cuestionan las respuestas desde el Estado, a las que califican de “indignantes e insatisfactorias”. Pues, tras siete horas de exterminio, la versión oficial afirmó que las ejecuciones masivas son el resultado de la prelibertad de un interno, quien sería el “cabecilla” de una banda prisionera. Además, la comandante General de la Policía, Tania Varela, afirmó que su personal no contaba con las condiciones para entrar durante esas 7 horas.
“Nos indigna que el gobierno no asuma su responsabilidad por las masacres y busque todo el tiempo culpar a gobiernos pasados o instituciones, como la Corte Constitucional”, señalan.
Finamente, reiteran que la dimensión internacional de las masacres carcelarias ecuatorianas no puede reducirse al fenómeno del crimen organizado y la narrativa de la “guerra entre bandas.”
“La dimensión internacional de las masacres necesita entenderse como lo que es: un naciente exterminio de personas pobres, sometidas a violencia racista y (ci)sexista como forma de gobierno, como necropolítica (la gestión económica y política de las poblaciones humanas a través de su exposición a la muerte) en América Latina”, sostienen.
