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Abren proceso contra juez que dejó en libertad a Carlos Luis Morales

Quito, 05 jun (La Calle).- Este viernes 5 de junio, el pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) abrió un sumario disciplinario al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Alfonso Ordeñana Romero. El jueves 4 de junio, Ordeñana no acogió la solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) de imponer la prisión preventiva en contra del prefecto de la provincia Carlos Luis Morales.

Por el contrario, Ordeñada dispuso la aplicación de medidas alternativas como la presentación periódica, prohibición de salir del país y uso de grillete electrónico. La decisión causó indignación en la ciudadanía y las autoridades de justicia.

La FGE investiga al Prefecto por el presunto delito de tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Esta actuación se identificaría como una conducta antijurídica que podría devenir en una presunta infracción disciplinaria establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Según la fiscal general Diana Salazar, en entrevista con varios medios de comunicación nacionales, el prefecto Morales intentaba escapar de la justicia. Explicó que al momento de allanar su vivienda, el Prefecto no se encontraba en la misma y, por el contrario, al abandonar su casa, dejó sus celulares para no ser rastreado.

No es el único sumario abierto el 5 de junio

La tarde del 5 de junio, la jueza de Garantías Penitenciarias de Latacunga, Alzira Beatriz Benítez Telles concedió la prelibertad a favor de Jorge Luis Zambrano González, alias «Rasquiña» y líder de la banda de «Los Choneros». El mencionado tenía una sentencia condenatoria de 20 años de privación de libertad por asesinato. Tan solo cumplió seis años en prisión.

Por este accionar, el CJ también inició un sumario administrativo en contra de Benítez Telles.

Otro sumario disciplinario enfrentan los jueces Ordeñana, Gabriel Jama y Martha Sánchez por un retardo de aproximadamente siete meses en la emisión de la sentencia escrita en un proceso de garantías jurisdiccionales.

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