Aborto por violación: «Imponer plazos es una forma de restricción»

Quito, 25 ene (La Calle). – Ana Vera, directora de la organización Surkuna y Elsa Guerra, docente e investigadora, compartieron en un debate sus posturas frente a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Casos de Violación.

Vera recalcó que el rol de la Asamblea en el tema de aborto por violación ha sido algo complejo, pues en lugar de cumplir con la disposición constitucional de tener un debate democrático y amplio, se ha generado desinformación.

“Vemos que muchos asambleístas por fuera de la Comisión de la Justicia, donde se debatió el informe, han generado una serie de desinformaciones alrededor de la propuesta de ley”, afirmó Vera.

Además, expresó que lo que se busca es comprender cómo construir una ley adecuada para acceder a los servicios de salud. “Buscamos una ley que considere las distintas situaciones de vulnerabilidad que pueden tener las mujeres y que permita que puedan abortar de forma segura en el sistema de salud pública”, manifestó.

Por otra parte, Guerra reiteró que se está impulsando con fuerza la necesidad de que la Asamblea pueda hacer historia, al garantizar los derechos de las niñas, adolescentes, mujeres y cuerpos con capacidad de gestar que han sido víctimas de violencia sexual.

“La posibilidad de una ley reparadora y justa tiene que ver con quienes somos mujeres para que no volvamos a la clandestinidad. Cuando hablamos de imponer plazos significa imponer una forma de restricción”, aseguró.

La directora de Surkuna también se refirió a la objeción de conciencia que se debate en torno a este tema. “Si bien nuestra Constitución reconoce que la objeción de conciencia es un derecho, también establece que no puede vulnerar derechos ajenos”, expresó Vera.

Guerra estuvo de acuerdo con este planteamiento, pues recordó que ningún derecho es absoluto y la objeción de conciencia por ningún motivo puede ser de carácter institucional.

Por último, Vera se recalcó que el acceso al aborto por violación debería ser oportuno y eficiente, independientemente de si existe o no la sentencia condenatoria del delito de violación. “La idea es que el testimonio de la víctima sea suficiente para acceder al aborto por violación y sea el servicio de salud quien notifique a la Fiscalía”, sostuvo.

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